La Oficina para América del Sur del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) lamentó la muerte de un comunero mapuche en la comuna de Cañete, región del Biobío, y expresa su preocupación por los incidentes ocurridos el 3 de noviembre.
De acuerdo a lo recabado por la ACNUDH, los hechos se dieron en el marco de controles vehiculares realizados por fuerzas policiales y militares en la ruta P-72 que une a Tirúa y Cañete.
En este contexto, la Oficina recibió información de la muerte de Jordan Llempi Machacan (23 años) y de al menos tres personas heridas, incluido un menor de edad, por disparos en medio de operativos policiales y de Fuerzas Armadas.
Es por ello, que el representante de la Oficina para América del Sur, Jan Jarab, instó a las autoridades nacionales a realizar una rápida investigación de los hechos ocurridos. “La investigación debería establecer las circunstancias de los hechos que derivan en la muerte y las lesiones de estas personas, así como la plena identificación de los responsables”, señaló.
Además, el organismo internacional recordó al Estado Chileno que “el uso de la fuerza potencialmente letal para el mantenimiento del orden público, como el uso de armas de fuego, es una medida extrema a la que solo se debe recurrir cuando sea estrictamente necesario para proteger una vida o evitar lesiones de gravedad frente a una amenaza real e inminente“.
Estado de Excepción, militarización y espiral de violencia
También ACNUDH mostró “especial preocupación” por el Estado de Excepción impuesto en cuatro provincias de la macrozona sur, cuya medida posibilita el uso de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública.
“Los Estados deben limitar al máximo el uso de las Fuerzas Armadas para el control del orden público, dado que el entrenamiento que reciben no está dirigido a la protección y control de civiles, ni a la gestión de manifestaciones”, dijo Jarab.
El representante añadió que en aquellas situaciones que excepcionalmente y de forma temporal se requiera la colaboración de las fuerzas armadas en el control del orden público, los militares deberán apoyar a la autoridad civil y estar subordinados a esta, cumplir con las leyes y estándares internacionales sobre uso de la fuerza aplicables a policías y deben rendir cuentas si fuese necesario.
Preocupa igualmente a la Oficina que las autoridades justifiquen el uso de la fuerza para establecer el “orden público” sin considerar a las víctimas, así como las continuas referencias a “actos terroristas” y los intentos de criminalizar a las personas lesionadas como resultado de este empleo de la fuerza.
Jarab recordó que “aun cuando el uso de la fuerza sea legítimo para reestablecer el orden público, deberá ajustarse a los principios de legalidad, necesidad, proporcionalidad, rendición de cuentas, precaución y no discriminación”.
Al mismo tiempo, la Oficina condena el espiral de violencia en la zona y hace un llamado a las autoridades y todos los actores a avanzar hacia instancias de diálogo y acuerdos transversales. Jarab recalcó que “la solución a la conflictividad crónica no será resultado de políticas y medidas de seguridad que favorezcan la militarización en la zona, sino del diálogo y el reconocimiento de las demandas históricas de los pueblos indígenas, en particular del pueblo mapuche”.
La Oficina solidariza con las víctimas y sus familiares y reitera su más plena disposición para cooperar con el Estado de Chile y actores políticos y sociales en la búsqueda de soluciones constructivas que contribuyan al cumplimiento de las obligaciones del Estado en materia de derechos humanos.