Promover el envejecimiento positivo, el cuidado integral de las personas mayores, el fortalecimiento de la institucionalidad del Servicio Nacional del Adulto Mayor y crear una modalidad de trabajo flexible para adultos mayores, son los principales ejes del proyecto recientemente aprobado en general por el Senado.
Durante la sesión, la senadora Fabiola Campillai solicitó que el texto fuera analizado en particular, además, por la Comisión de Derechos Humanos; sin embargo la petición no obtuvo la unanimidad de la Sala.
De todas formas los legisladores valoraron los avances y destacaron la creación de una modalidad de trabajo flexible para adultos mayores y llamaron a reconocer y respetar los aportes y experiencias de la cuarta edad.
El texto fortalece la institucionalidad relacionada con la autonomía, independencia y cuidado de las personas adultas mayores, precisando los deberes generales del Estado y sus organismos.
La iniciativa además dispone que en las acciones y medidas que se adopten en materia de apoyos y cuidados de la persona adulto mayor, los órganos de la Administración del Estado y todas aquellas entidades privadas colaboradoras del Estado, deberán considerar un enfoque comunitario y socio-sanitario, que aborde tanto las necesidades sociales como de salud del adulto mayor, sea que se ejecuten directamente o a través de alianzas público-privadas.
Define las líneas de acción mínimas que el Estado deberá desarrollar, para la promoción del envejecimiento positivo y el apoyo y cuidado integral de los adultos mayores.
También contempla la elaboración y ejecución de programas laborales específicos para conceder a las personas mayores la posibilidad de realizar una actividad productiva adecuada a sus capacidades respetando su vocación o deseos.; como así mismo, los programas de capacitación y perfeccionamiento que acompañen sus competencias.
Finalmente el proyecto crea el “Sistema de Ciudades Amigables con las Personas Adultas Mayores” y los Consejos Asesores Regionales de Personas Adultas Mayores. Mientras que establece normas especiales respecto de la contratación de personas adultas mayores, pudiendo regirse por éstas el contrato individual que el trabajador adulto mayor celebre con el empleador.