La Confederación de la Producción y del Comercio (CPC) y la Organización Internacional de Empleadores (OIE), con el respaldo de siete comunidades indígenas, solicitan a la Oficina Internacional del Trabajo (OIT) un llamado de atención a la Convención Constitucional y al Gobierno de Chile por violación del Convenio 169 al realizar consulta indígena.
Juan Sutil y Roberto Suárez, líderes de la CPC y OIE, respectivamente, enviaron una carta al director general de la OIT, Guy Ryder, donde manifestaron su preocupación “por las flagrantes violaciones de las normas sobre consulta indígena previstas en el Convenio 169 que alteran su correcta gobernanza“.
Para ambos organismos, esto traerá consecuencias complejas que derivará al “debilitamiento de la certeza jurídica, y del buen relacionamiento con los pueblos indígenas de las empresas que invierten o proyectan invertir en territorios por ellos ocupados”.
Es por ello, que solicitan a la OIT “de manera urgente haga un categórico llamado de atención a la Convención Constitucional y al Gobierno de Chile sobre la necesidad de que se respeten las disposiciones previstas en el Convenio 16, para que enmienden todas las falencias que han atentado contra los estándares fundamentales de la consulta indígena, en cuanto a que esta sea previa, de buena fe y con intención de llegar a un acuerdo o lograr el consentimiento”.
La CPC y la OIE advierten también que “el pleno de la Convención Constitucional aprobó diversas normas relacionadas con los pueblos originarios para ser incorporadas a la nueva Constitución, sin siquiera esperar el término del plazo de la consulta indígena en curso, transformando al proceso de consulta indígena en un mero trámite que defrauda las normas y el sentido del Convenio 169, así como a los propios pueblos originarios, dejando en evidencia que no buscaba ni pretendía llegar a un acuerdo o lograr el consentimiento acerca de las medidas propuestas”.
Al respecto, la Fundación Indígena Rakizuam envió una carta a la Confederación de la Producción y del Comercio, que viene acompañada del requerimiento de siete comunidades indígenas, en las que le piden solicitar un pronunciamiento de la Organización Internacional del Trabajo respecto de las eventuales transgresiones a los principios que deben regir todo proceso de consulta indígena.
Consulta indígena
Cabe recordar que, en el marco de la redacción de una nueva Constitución, la Convención Constitucional decidió desarrollar en nuestro país, de acuerdo a las disposiciones del Convenio 169 de la OIT y la Declaración de Pueblos Indígenas de la ONU, una consulta indígena sobre temas que estimó de especial interés para los pueblos indígenas.
La Convención Constitucional desarrolló dicha consulta a nivel nacional en un plazo de 21 días -comprendidos entre el 14 de febrero y el 6 de marzo de 2022-, en circunstancias que la consulta indígena prevista en el reglamento que regula el proceso, fija plazos de a lo menos 120 días para el Poder Ejecutivo.
Según indica la carta, “lo restringido del plazo no permitió que los pueblos indígenas se pudieran informar y contar con espacios adecuados para la reflexión y deliberación interna, lo que a juicio de ellos era indispensable para lograr diálogos fructíferos”.
Participaron de la consulta 7.549 indígenas en todo Chile, es decir, un 0,3% de los 2.185.729 chilenos que respondieron en el Censo del año 2017 que se consideran pertenecientes a algún pueblo indígena u originario, equivalente a 40,2% de los 18.790 que esperaba la Secretaria de Participación y Consulta indígena de la Convención Constitucional, y menos de la mitad de los 17 mil que participaron en la consulta del proceso constituyente que encabezó el año 2017 la exPresidenta Michelle Bachelet.