Expulsión
Agencia Uno - Imagen referencial.
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Un grupo de diputados de la UDI, liderados Renzo Trisotti, Henry Leal, Cristóbal Martínez y Natalia Romero, presentaron esta semana tres proyectos de ley que buscan facilitar la expulsión de los extranjeros que se encuentran privados de libertad.

Esto a raíz del aumento de la masiva llegada de inmigrantes irregulares al país, de los cuales un porcentaje no menor se ha dedicado a delinquir. Además, los parlamentarios gremialistas argumentan que esto ayudaría a disminuir los altos niveles de hacinamiento que se viven en los recintos penitenciarios.

“Estos tres importantes proyectos tienen como objetivo descongestionar de aquí a dos meses todas las cárceles de nuestro país y expulsar a cada uno de los migrantes que llegaron sólo a delinquir a Chile”, señalaron los gremialistas, quienes emplazaron al Gobierno a patrocinar los tres proyectos, señalando que “es una de las pocas alternativas que tienen en sus manos para demostrarnos con hechos que quieren combatir la delincuencia y la migración ilegal”.

Detalles de los tres proyectos

La primera iniciativa que se presentó y que se pretende tratar durante esta semana, consiste en imponer al Presidente el deber de decretar, en un máximo de 60 días, la expulsión inmediata de todos los migrantes que estén condenados por los delitos de robo, hurto o tráfico; recordando que ya para el año 2017 el gasto que realizaba el Estado por cada interno ascendía a los $724.000 mensuales.

En esa línea, Trisotti, Leal, Martínez y Romero detallaron que las otras dos iniciativas consisten en aumentar el catálogo de delitos por los cuales justamente pueden ser deportados los extranjeros condenados por la justicia, de manera de incluir a quienes han cometido, por ejemplo, hurtos, robo, lesiones, tráfico, entre otros, sin importar que tengan un permiso de residencia.

En tanto, el tercer proyecto -explicaron- busca que en los casos donde un extranjero sea condenado por los delitos establecidos en la Ley 20.000, el tribunal estará obligado a sustituir el cumplimiento de la pena por la expulsión del país, impidiendo que la persona pueda reingresar a Chile en un plazo de 20 años.

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