Este martes, el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago declaró admisible una querella en contra de quienes resulten responsables por el delito de malversación de caudales públicos.
Esta acción judicial, que fue presentada por el abogado Marcelo Brunet, se enmarca en la impresión de casi 700 mil ejemplares de la propuesta de Nueva Constitución, la cual fue aprobada por la Secretaría General de la Presidencia.
En detalle, fueron 692 mil ejemplares del texto que se plebiscitará el próximo 4 de septiembre, con el objeto de distribuir por todo el territorio nacional.
“Primero, no había causa de urgencia y se gastaron recursos que no estaban disponibles, ya que debieron reintegrarse al Estado para uso de otras necesidades. Segundo, no estaban disponibles el día en que se hizo la contratación. Debían reintegrarse y terminaron gastándose en la impresión de los textos”, expresa la denuncia, según consigna CNN Chile.
Además, el documento indica que “el Ministerio Secretaría General de la Presidencia no tiene como función propia las labores de difusión, lo que excede por largo sus atribuciones”.
Sobre esto, el diputado del Partido Republicano, Juan Irarrázabal, señaló que “a nuestro juicio, aquí se configuran los elementos para el delito de malversación de fondos públicos”.
“Se gastó dinero en la impresión de estos libros que, por ley, estaba prohibida. Se hizo en un ítem contable de la Convención que ya había caducado”, explicó el parlamentario, agregando también que “fue realizado con una urgencia que no era tal porque el plazo de la Convención Constitucional era de público conocimiento”.
“Y se hizo a un proveedor de manera directa, sin ninguna licitación de por medio”, complementó el diputado Irarrázabal.