juan irarrázaval
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El diputado del Partido Republicano, Juan Irarrázaval, presentó una iniciativa legal para que todos los vehículos robados en Chile no tengan que seguir pagando los cobros y multas que se generen por el uso de TAG (dispositivo electrónico que se instala en el parabrisas delantero del vehículo) de sus autos o motos al transitar por las autopistas y carreteras concesionadas.

El proyecto de artículo único incorpora un nuevo inciso final al artículo 114 de la Ley del Tránsito, para eximir del pago del TAG a los propietarios de vehículos robados o hurtados desde que hayan efectuado la denuncia y mientras esa situación perdure.

Adicionalmente, se exime también del pago de arriendo de esos dispositivos que no se encuentran en su poder.  Se contempla asimismo una sanción penal para el propietario que con el objeto de aprovechar indebidamente este beneficio realice una denuncia falsa.

Por ello, el legislador del distrito 14 indicó que “el propietario de un vehículo motorizado robado o hurtado, desde la fecha de la interposición de la denuncia frente a las autoridades correspondientes, con el sólo mérito de ella, y mientras se encuentre en esa situación, por la sola disposición de la ley se encontrará eximido del pago de toda tarifa o peaje realizado por un sistema electrónico de cobro, así como de cualquier renta de arrendamiento del dispositivo TAG del vehículo motorizado hurtado o robado de que se trata”.

“La interposición maliciosa de una denuncia con el propósito de evadir indebidamente ese cobro, sin perjuicio de la infracción de tránsito, será sancionada además conforme al artículo 473 del Código Penal”, sostuvo.

La multa TAG corresponde a la infracción de tránsito cometida por transitar sin contrato TAG, con un TAG inhabilitado o sin un pase diario único. Ambas acciones corresponden a una infracción grave de tránsito y llevan como consecuencia la generación de una multa que va desde 1 a 1.5 UTM (entre $60 mil y $90 mil).

Por último, cabe destacar que el parlamentario cuenta para este proyecto con el patrocinio de los legisladores José Meza y Agustín Romero.

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