La Polar respondió a la demanda anunciada por el Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) y la calificó de “irresponsable”, “apresurada” e “injustificada”.
A través de una declaración pública, la multitienda señaló que aún no han sido notificados de la acción legal y calificó la acción como una irresponsabilidad.
“Si bien no hemos sido notificados, nos parece una irresponsabilidad que una institución como Sernac inicie este tipo de acciones frente a hechos que se encuentran en plena investigación, acusando apresuradamente y de manera injustificada a La Polar, sin esperar todos los antecedentes necesarios para tomar una decisión fundamentada”, señaló el escrito.
Luego, el documento afirmó que “frente a un ataque que afecta y amenaza tanto a La Polar, a nuestros clientes y, en particular a nuestros más de 4.500 colaboradores y sus familias, presentamos oportunamente acciones legales contra quienes iniciaron esta acusación, con la convicción de que se trata de competencia desleal, por parte de interesados en obstruir nuestro modelo de negocios, que busca ampliar el acceso a ropa de marca a través de importaciones directas”.
“Lamentamos que servicios públicos se hagan parte de esta acusación, la cual sólo tiene fines comerciales y restringe el acceso de los consumidores“, expresó la compañía.
Por último, La Polar remarcó que sus productos son originales, “que cuentan con la documentación que demuestra tal condición, la cual entregamos directamente al Sernac y a todas las autoridades. Es por esto que nos preocupa que se estén realizando acusaciones injustificadas sin haberse concluido la investigación para verificar los hechos. Tomaremos todas las medidas legales y necesarias para aclarar la situación y demostrarlo en todas las instancias”.
La demanda del Sernac
A través de una demanda colectiva, se buscará que la empresa devuelva el dinero e indemnice a todos los consumidores que fueron afectados por estas prácticas, según sea el caso.
Las multas por haber infringido una serie de derechos básicos de los consumidores, donde arriesga multas que podrían llegar hasta 3.000 UTM (alrededor de 183 millones de pesos), por cada uno de los afectados.