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Aseguró que está pagando los costos de gritar contra los operadores políticos.

El 23 de agosto el actual presidente de los funcionarios del Registro Civil, Julio Peña, ingresó en el 12 Juzgado Civil de Santiago una demanda contra la ex líder del servicio asegurando que ella no habría hecho entrega de la rendición financiera en su gestión. Información que debe ser entregada por reglamente en un período de 30 días desde que asume la nueva directiva.

En el documento al que tuvo acceso La Tercera se le solicita a Díaz que se informe “la forma en que se utilizaron los fondos acompañando la copia de los instrumentos donde se efectuó dicha actuación, situación que no se ha producido hasta la fecha y que causa perjuicios a mi representada (la asociación)”.

Y se consigna que “no se ha entregado ningún documento a la nueva asociación que diga en qué condiciones (económicas) estaba la anterior (administración) sobre el tema de platas y cuentas bancarias”.

Mientras que, la ex presidenta sostuvo que “yo no le he robado a nadie. El tribunal deberá determinar si aquí hay dineros que se han malgastado o no (…) Los documentos están, los tiene la contadora. El anterior tesorero se los entregó a la actual directiva mediante una contadora, quien es la que se entiende con ellos”.

Finalmente, manifestó que “creo que estoy pagando el costo de gritar contra los operadores políticos, de pedir que se termine la sinvergüenzura en mi servicio. Estoy pagando el costo de enfrentarme a un poder tan poderoso, valga la redundancia, como son los políticos en mi servicio”.

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