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La semana pasada salió un reportaje en La Tercera que comparaba las profesiones en los currículums de senadores y diputados con los registros universitarios, mostrando más de una docena de imprecisiones. Pese al conflicto ético que debe existir a raíz de esto, se abre el debate para cuestionarnos algo todavía mayor: ¿Cuál es el nivel de preparación que debemos exigir a nuestros representantes? Vale la pena mencionar que actualmente se exige solo tener IV Medio rendido.

Hay dos temas a recalcar, por un lado las exigencias de admisión y por otro, el nivel que deben tener efectivamente en el cargo. En el primero, hemos escuchado a conspicuos representantes del Frente Amplio señalar que más que los años de estudio, lo realmente importante es que representen efectivamente al pueblo. Y es que en eso estoy de acuerdo, no podemos exigir un nivel de preparación para postular tan alto, ya que esto no sería un reflejo de la sociedad, porque en la mayoría de los casos, los con mayor nivel de preparación pertenecen a una élite de nuestro país.

¿Cuáles son, entonces, los requisitos que debemos exigirle a las personas que están en el poder legislativo?

El camino va primero en comprender la función misma que tienen los parlamentarios. Y es que ellos se encargan de crear, modificar y aprobar las leyes que rigen en Chile.

Al tener en su poder una tarea tan importante como la expresada anteriormente, debemos esperar de ellos un trabajo que esté a la altura. Es por esto que se les debe exigir estándares mínimos de asistencia, buen trabajo en sus distritos, preparación para legislar cada ley, etc. Una forma efectiva de hacerlo es desarrollar una regulación más estricta, en donde se controle la cantidad de proyectos de ley enviados, la asistencia a las cámaras y a sus comisiones, entre otras. Para lograr estos objetivos se podría trabajar con distintos indicadores que puedan ayudar a crear un sistema de penalidades y premios según indicadores de evaluación.

En esta discusión, sobre la formación académica de los legisladores, se debe llegar a un punto medio.

Ciertamente, un mayor grado de preparación académica es deseable, pero no debe ser un absoluto o una restricción para que cualquiera pueda postular (con el requisito mínimo expresado en el primer párrafo), pero lo que, si se debe exigir, es que en su labor legislativo se trabaje con una rigurosidad y prolijidad excepcional.

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