El presidente del Consejo por la Transparencia, Marcelo Drago, afirmó que a pesar de la creciente incidencia de la Ley Transparencia, a 10 años de su promulgación, aún la estadística sobre su conocimiento sigue siendo baja.
“Debemos seguir avanzando para ampliar los ámbitos de transparencia y los modos de entrega de la información. Ese es el desafío tras 10 años de la Ley de Transparencia porque la instalación de una Cultura de la Transparencia puede recomponer la confianza en lo público, prevenir la corrupción y mejorar la evaluación ciudadana de las autoridades y de su democracia”, indica Drago.
El CPLT mide el cumplimiento de sus metas a través del Índice de Transparencia y Acceso a la Información,ITAI, cuyos resultados, a casi 10 años de la promulgación de la Ley, se ubican en el 47%.
En lo últimos años ha habido una creciente demanda por información pública -a diciembre de 2017 se registran 714.278 solicitudes de información ingresadas órganos públicos, sólo un 34% de los chilenos considera útil, la existencia de Transparencia en el Estado.
El ITAI constató que las instituciones han evolucionado positivamente en el desempeño de sus obligaciones de transparencia y que los principales desafíos están relacionados con el conocimiento de los mecanismos de acceso a la información, por parte de los ciudadanos. Aunque un alto porcentaje sabe de la existencia de la Ley de Transparencia (70%) y del Consejo para la Transparencia (69%), persisten dificultades para derivar correctamente a una persona con un requerimiento de información a la oficina o ventanilla correcta (33%), a la sección web en la que podría solicitar información (33%) y respecto del plazo de respuesta con que se cuenta (20%).
A su vez, se detectó que existe una alta valoración del derecho de acceso a la información (90%), al que consideran necesario (74%), sin embargo, las personas tienen una baja noción de cómo éste les puede ser de utilidad de manera particular (34%).
De este modo, el principal desafío se encuentra, por una parte, en mejorar el nivel de conocimiento de la ley y la institucionalidad del derecho de acceso a la información, que sólo alcanzan el 31% y el 24% respectivamente, es decir, que las personas que necesitan información pública, sepan cómo pedirla y, en caso de quedar insatisfechos, que sepan cómo reclamar y dónde; y, por la otra, en el reconocimiento de este derecho como una herramienta efectiva de prevención de la corrupción (48%) y de participación ciudadana (59%).