El ingreso de Julio y Eugenio Ponce Lerou por la “puerta de atrás” a SQM, en el rol de asesores estratégicos, provocó la inmediata reacción de la diputada Catalina Pérez, vocera de la bancada parlamentaria de Revolución Democrática.
“No es una noticia descontextualizada. Hace pocas semanas conocimos la influencia de SQM en la legislación de la nueva institucionalidad ambiental y cómo, mediante indicaciones enviadas a la ex diputada y actual ministra del Medio Ambiente, Marcela Cubillos, hubo modificaciones de nueve indicaciones de la ley que creaba la institucionalidad ambiental ahora vigente.
“Lamentamos conocer cómo este tipo de acciones continúan perpetuándose y dan cuenta nuevamente de cómo la política y el dinero continúan relacionándose demala manera” enfatizó la parlamentaria.
Recordemos que la salida de Julio Ponce Lerou de la empresa estatal fue pactada para dar paso al contrato entre SQM y Corfo por la explotación del litio y que el mismo ex vicepresidente ejecutivo de Corfo, Eduardo Bitrán, ha criticado duramente por considerar que se vulneró un acuerdo tácito para erradicar la figura de Ponce Lerou de la empresa, debido a su relación estrecha con casos de corrupción como Cascadas y la boletas ideológicamente falsas de la misma SQM.
Es por ello que Pérez destacó que “en este sentido es necesario no solo lamentarse, sino que junto con las investigaciones pertinentes, generar propuestas. Y es ahí donde deseamos comunicar el ingreso de proyectos de ley que han sido protagonistas en las semanas anteriores y que continuarán siendo protagonistas hoy día, en el sentido de acabar con los conflictos deinterés y el tráfico de influencias” enfatizó.
Lo anterior, en virtud de los proyectos de reforma constitucional que, por una parte, establecen y modifican inhabilidades ya contempladas por la Constitución, para el fiscal nacional, fiscales regionales y contralor de la República, para postular a cargos de elección popular hasta dos años luego de haber cesado en dichos cargos.
En la misma línea, existe otro proyecto relacionado a los cargos de confianza, que aumenta el grado de parentesco que se incluye en las inhabilidades actuales; refuerza las inhabilidades en los cargos de confianza, incluyendo a los convivientes civiles dentro de ellas, limita la contratación de cargos de confianza de la planta de la presidencia y elimina la excepción a ministros y subsecretarios, que hoy les permite tener bajo su dependencia jerárquica a personas con lazos prohibidos para el resto de las autoridades.
La última iniciativa establece la inhabilidad para la postulación a cargos de representación popular en una misma unidad electoral (concejales, alcaldes, cores, diputados, senadores) a quienes sean cónyuges, convivientes o parientes, hasta segundo grado por consanguinidad o segundo grado por afinidad, de las autoridades respectiva, además de establecer la inhabilidad de los consejeros regionales para ser contratados en aquellos municipios pertenecientes a la región donde fueron elegidos.
Por eso, la diputada del Distrito 3 recalcó que forma parte de la Comisión Mixta que busca regular el delito de cohecho.
“Creemos que es necesario avanzar en propuestas concretas que permitan retomar el fortalecimiento de la democracia y es por eso que formamos parte de esta comisión”, a lo que agregó detalles de cómo la bancada parlamentaria de RD asumirá su rol en el denominado Caso OAS.
“Este caso y otros, dicen relación con cómo desde la función pública no resguardamos la probidad y cómo hacemos que nuestros funcionarios públicos estén al servicio del país y no de intereses particulares, asíes que esperamos continuar trabajando en esta agenda. La comisión mixta por cohecho también sesionará hoy y estaremos entregando las propuesta que desde RD levantaremos en ese sentido”.
Pérez finalizó la vocería de este martes enfatizando que “vamos a apoyar la comisión investigadora por el caso OAS. Es necesario que se investigue en todas sus aristas, tanto judicial como políticamente, pero también consideramos necesario la investigación de otros casos como el puente Chacao de la última administración de Sebastián Piñera. Hoy, todos los casos de vínculos entre el dinero y la política deben ser investigando con igual ahínco y profundidad, independiente del gobierno de turno y de quienes se vean afectados con estas investigaciones”.