La senadora Yasna Provoste (DC), criticó la decisión del Gobierno de dar discusión inmediata al proyecto de ley Aula Segura, que busca aumentar las sanciones a los alumnos de colegios que participen del hechos de violencia grave.
La iniciativa, que hasta ahora contaba con suma urgencia (15 días de plazo) se está discutiendo en la Comisión de Educación del Senado, que encabeza Provoste.
Sin embargo, la ministra de Educación, Marcela Cubillos, anunció que el Ejecutivo dará discusión inmediata a la propuesta, por lo que deberá ser revisada en seis días, para posteriormente ser despachada en particular y general por el senado.
Al respecto, Provoste afirmó que “lo que hemos dicho es que queremos avanzar en un plan nacional de convivencia escolar, queremos abordar este tema realmente con todas las dificultades, con todas las complejidades, con toda la diversidad que tiene en el sistema escolar, pero un papelito (proyecto) hecho a la rápida, mal hecho y que solo aborda la situación que se vive de forma muy dramática en un municipio de Chile (Santiago), no basta para que hablemos de una legislación en serio en torno a este tema”, según consigna Emol.
Además, la senadora se refirió al otro anuncio de Cubillos, sobre ingresar algunas indicaciones para aclarar las inquietudes de algunos senadores en materia de “debido proceso” de la aplicación de la normativa.
Al respecto, la parlamentaria expresó que “ellos (Gobierno) reconocen que este era un proyecto que no contemplaba el debido proceso, eso es un avance. Ellos durante largo tiempo trataron de ocultar aquello, nosotros lo dijimos desde un comienzo y por lo tanto el tiempo nos ha ido dando las razón en cada uno de los temas que hemos planteado”.
Finalmente, sentenció sobre el mismo punto que se “ha intentado eludir durante tanto tiempo el reconocimiento a que este proyecto no tenía debido proceso, (pero) hoy lo está haciendo a través del anuncio de una indicación para poder arreglar el proyecto”.
Cabe recordar que Aula Segura busca facultar a los directores de colegios para que puedan apartar y expulsar de forma inmediata a alumnos que estén implicados en hechos de violencia grave, como porte de artefactos incendiarios, en contra de docentes o funcionarios de los recintos.