Con la relación de la acusación constitucional en contra de la ministra de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, Silvana Donoso, la Sala del Senado inició el conocimiento del libelo acusatorio impulsado por la Cámara de Diputados en contra de la magistrada que presidió la comisión que concedió la libertad a Hugo Bustamante, sindicado como el autor del femicidio, de la adolescente Ámbar Cornejo.
Previo al inicio, el senador Francisco Chahuán se inhabilitó de conocer la acusación argumentando que su esposa trabaja en la misma jurisdicción de la ministra y que además, el año 2016 emitió opiniones públicas sobre las libertades condicionales otorgadas. Al final de la jornada, hicieron lo propio los senadores Guido Girardi y Manuel José Ossandón declarando su cercanía al hermano de la jueza Donoso.
Fue el secretario general, Raúl Guzmán, quien inició la relación de la acusación dando a conocer los principales hitos de la misma y los dos capítulos por los cuales se acusa a la magistrada: “notable abandono de deberes y la transgresión de tratados internacionales relativos a la vulneración de derechos de niños, niñas y adolescentes“.
Entre los hechos relatados, se recordó que “el año 2016 la comisión de libertad condicional liberó a 788 internos, sin tener en cuenta que había informes negativos de los tribunales de conducta en al menos 528 casos. Dicha liberación representó un 34,8% del total nacional y entre los beneficiados estaba Hugo Bustamante”.
Asimismo, se señaló que los acusadores sostienen que la ministra “dio preeminencia a sus convicciones personales por sobre la aplicación de la ley” y que “la imposición del criterio personal de la acusada tuvo efectos serios, porque permitió otorgar de una vez el beneficio a una cifra inusualmente alta de penados, que incluía a un grupo de 109 personas con alto compromiso delictual”.
Agrega la relación, que los acusadores ponen de manifiesto que “la postura de la magistrada sería la de considerar que la libertad condicional es un beneficio cumplidos ciertos años de condena“.
Posteriormente los diputados Gonzalo Fuenzalida, Daniel Verdessi y Andrés Longton expusieron los argumentos de la acusación, manifestando que la magistrado es “responsable por la muerte de Ámbar Cornejo” por no haber cumplido la ley y que optó por tomar decisiones “desinformadas”.
Agregaron que no se le reprocha su decisión, sino que “la dejación, la falta de cuidado y de atención de sus deberes respecto de lo que la ley establece“.
Los diputados acusadores se refirieron los testimonios que entregaron diversos actores respecto de la forma en que se decretaron las libertades condicionales, se refirieron a los informes que no habrían sido considerados por la comisión para tomar la decisión de otorgar la libertad y a testimonios de víctimas de las personas que se vieron beneficiados por esa decisión.