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Agencia Uno
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Un cambio sustantivo en materia penal busca dar el diputado y subjefe de la Bancada de Diputados de Renovación Nacional, Andrés Longton, quien presentó un proyecto de ley que busca modificar la lógica en que se establece el plazo de prescripción en las penas de presidio efectivo.

Con la medida, el parlamentario RN busca el reemplazo del artículo 98 del Código Penal por otro que establezca que el plazo de prescripción que se asigna a un delito, comience a correr desde el momento en que se empieza a cumplir la pena aflictiva, manteniendo la regla que indica que, en caso de que quebrante una pena, éste se detenga y vuelva a cero hasta que el sujeto sea recapturado.

Lo anterior, debido a la alta cantidad de prófugos que hay en el país y que hoy se ven beneficiados por esta medida que comienza a regir desde el momento en que la sentencia se encuentra firme. Esto, aunque el condenado no esté en el recinto penitenciario.

En su proyecto, el legislador oficialista explica que en Chile existen “al menos 11 mil prófugos de la justicia, en distintas categorías, pero incluyendo en este número un alto porcentaje de condenados que, por no ser habidos para realizar el ingreso al cumplimiento de la pena a la que fueron condenados, se ‘benefician’ del transcurso del plazo de prescripción (…) y finamente, evadiendo a los organismos policiales y del sistema de justicia penal, logran obtener la prescripción de la pena que no ha sido cumplida”.

“Eso no lo podemos permitir. Y es por eso que presentamos un proyecto de ley, para efectos de que todos los que estén prófugos y estén con condena ejecutoriada, su pena no prescriba. Porque lo que ocurre hoy día es que cuando están arrancados de la justicia, esperan un tiempo, muchos fuera del país, para que sus delitos prescriban y vuelven al país como si nada y piden la prescripción en el tribunal, el tribunal se las da porque así es lo que corresponde por la ley y quedan en la absoluta impunidad”, explicó el parlamentario RN.

De acuerdo a los antecedentes emanados del Poder Judicial, de los 11 mil prófugos,  existen al menos 4.367 condenados que se encuentran con orden de detención vigente, incluyendo aquí a delincuentes y criminales de alta peligrosidad que han cometido actos de violación, homicidio y otros crímenes”.

“Es por eso que presentamos este proyecto, para que los condenados no se beneficien del tiempo en que evaden a la justicia. Porque cuando están entre la primera instancia y la última instancia, muchas veces las personas se arrancan y no vuelven hasta que prescriban los delitos. Esta es una señal que va en la línea del proyecto que tenemos en seguridad de restringir o poner más requisitos para la libertad condicional, subir la pena del homicidio simple que hoy día es menor que los delitos contra la propiedad y, además, no contabilizar el plazo de la prescripción de la pena cuando hay personas condenadas y arrancadas de la justicia”, finalizó.

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