En una declaración, también exigieron “un esclarecimiento pleno de las circunstancias que llevaron a este hecho por medio de una investigación rápida, profunda y transparente, que debe contar con un fiscal exclusivo”.
“Los graves hechos suscitados deben movilizarnos hacia acciones decididas e inmediatas. El Estado y el Gobierno de Chile deben dar una respuesta clara y concreta a la justa demanda de restitución de tierras de las comunidades mapuche, sólo así se podrán sentar las bases para la concreción de un diálogo que conduzca a la paz con el Pueblo Mapuche”, agregaron.
Asimismo, anunciaron que “para dar garantías de un proceso investigativo transparente enviaremos los antecedentes del caso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con el objetivo de informarlos y que puedan -por esa vía- monitorear el proceso con el fin de generar confianza en las partes”.
En la misma línea, emplazaron a “la Fiscalía Nacional y a Carabineros de Chile a señalar quiénes difundieron la información falsa sobre la muerte de Ernesto Llaitul”.
En este sentido, solicitaron “que se aclare cuáles son las empresas de seguridad que prestan servicios a los forestales”.
“Constatamos que este Gobierno fracasó en su estrategia en La Araucanía, no ha sido capaz de promover la paz, la convivencia ni el Estado de Derecho. Por eso, llamamos al Ejecutivo a terminar de manera inmediata con la militarización en el Wallmapu y perseverar en una solución política y de diálogo para el territorio”, complementaron.
También subrayaron “que no aceptamos montajes y exigimos verdad absoluta en este caso, por lo que solicitamos que el Gobierno acelere el proyecto de ley anti-montajes, recientemente ingresado al Parlamento”.
Finalmente, manifestaron su “apoyo a la demanda histórica de verdad y nuevo trato, de reconocimiento de sus derechos y de una justicia reparativa en el marco de un Estado plurinacional”.
Firmaron la declaración Paula Narváez, los diputados Marcelo Schilling (PS), Raúl Soto (PPD) y Natalia Castillo (NT y PL), junto a los senadores José Miguel Insulza (PS) y Guido Girardi (PPD).