Los diputados DC Gabriel Silber, Gabriel Asencio, Manuel Antonio Matta, Joanna Pérez y Jorge Sabag solicitaron urgencia legislativa para el proyecto que estable la obligatoriedad de auditorías en los municipios cada vez que termine el periodo.
El proyecto se ingresó el pasado 6 de julio y, según los parlamentarios, “responde a una imperiosa necesidad de avanzar en transparencia y combate al manejo de recursos públicos que hemos observado no en uno, sino en varios municipios del país, comenzando por la situación que hoy vive la municipalidad de Vitacura”.
Al respecto, Silber señaló que “a la historia de los oscuros manejos de dineros pasó sin duda la municipalidad de Viña del Mar, pero hoy vemos como el caso de Vitacura va aumentando en gravedad, siendo los vecinos los principales afectados y obviamente le fisco, sumándose numerosas auditorías que varios alcaldes están pidiendo en el país. Por ello, estimamos que estas revisiones deben estar establecidas por ley. Estamos pidiendo urgencia para esta iniciativa de manera que cada vez que termine un periodo de administración en las municipalidades, la auditoria sea inevitable y obligatoria”.
Cabe señalar que de acuerdo al proyecto, la Ley Orgánica de Municipalidades entrega la facultad concejo para disponer, por la mayoría de sus miembros, la contratación de una auditoría externa que examine el estado financiero del municipio, al inicio del mandato, así como para la evaluación de la ejecución presupuestaria hasta dos veces al año. Sin embargo, los concejos municipales no siempre hacen uso de estas atribuciones, especialmente en aquellos casos en que el concejo pertenece a la misma coalición política del alcalde saliente.
En ese contexto, considerando los escasos recursos que manejan los municipios y la importancia que estos tienen en la calidad de vida de sus vecinos, los autores de la iniciativa consideran elevar los estándares de probidad municipal. Lo mismo debe hacerse respecto de los gobiernos regionales recientemente electos.
El proyecto de ley consta de dos artículos. El primero modifica la Ley Orgánica Constitucional de Municipales, en el sentido de que la contratación de una auditoría externa al inicio del período pasa de ser una facultad, a una obligación, que deberá realizarse por quienes se encuentren inscritos en el registro que al efecto llevará la Contraloría General de la República. El segundo establece la misma obligación para los gobiernos regionales, mediante la modificación de la Ley Orgánica Constitucional sobre Gobierno y Administración Regional. Finalmente, se propone que el alcalde saliente deberá asistir de manera obligatoria a la ceremonia de cambio de mando.
El proyecto pasó a la Comisión de Gobierno Interior, Nacionalidad, Ciudadanía y Regionalización para su discusión y posterior votación.