La revelación de los “Pandora Papers”, que involucra al Presidente Sebastián Piñera en la venta de la minera Domingo mientras era Mandatario en 2010 al empresario Carlos Alberto Délano, ha traído diversas reacciones en el mundo político.
El vocero de Gobierno, Jaime Bellolio, explicó que sobre la investigación “no hay ningún antecedente nuevo. Todos estos hechos fueron conocidos en su minuto por la Fiscalía, por los tribunales y quedó absolutamente claro que quedó todo hecho en regla en la legislación chilena y que además el Presidente Piñera no había tenido ninguna participación en los hechos”.
“La venta de Dominga se produce el año 2010 y esto, como decía, fue investigado a raíz de una denuncia que hace a la Fiscalía un diputado del Partido Comunista y que finalmente tanto el Fiscal como los tribunales en la Corte de Apelaciones y la Corte Suprema fallan de manera unánime diciendo que esto estaba justado a la ley, que no ningún tipo de delito, el Presidente queda absolutamente sobreseído porque no había participado en ella y se obliga a pagar las costas a quien había hecho la denuncia”, relató.
Pese a las precisiones, hay diputados que han manifestado la intención de presentar una acusación constitucional contra el Presidente Piñera. “Yo estoy por una acusación constitucional contra Piñera. Evade impuestos en paraísos fiscales y vende con una condición que dependía de él como presidente: que la zona no se convirtiera en reserva nacional. Eso se llama corrupción. No puede seguir gobernando”, dijo Tomás Hirsch (IND).
“Exigimos máxima transparencia, es gravísimo y no descartamos ninguna acción, desde una comisión investigadora hasta una AC”, dijo en tanto Gabriel Silber (DC).
“Un Presidente que transa con sus socios la dignidad de chilenos, que especula a costa del medioambiente, que usa su poder para fines propios y que evade impuestos en el proceso, es un Pdte que no debe continuar en el cargo. Estamos evaluando acciones”, señaló Claudia Mix (Comunes).
Por su parte, Daniel Núñez (PC), afirmó que “Piñera está inhabilitado moral y políticamente para ejercer como Pdte. Aparte de su responsabilidad en las violaciones a los DDHH, ahora sabemos que ocultó información clave en venta de minera Dominga el 2010. Y más encima su negocio familiar eludió el pago de impuestos.