Este viernes el diputado del Partido Republicano, Cristián Araya, ingresó un requerimiento para que la Contraloría se pronuncie sobre la legalidad de la expresión “Wallmapu”, esto luego de que se desatara la polémica a nivel internacional luego de que fuera utilizada por la ministra del Interior, Izkia Siches.
A juicio del parlamentario, el concepto utilizado por los representantes del actual Gobierno podría “constituir una ilegalidad por tratarse de una validación territorial que jamás ha sido reconocida por el Estado de Chile, y que involucra a territorios más allá de los límites de la República”.
Para el legislador republicano, la actitud de la ministra Siches “es de una irresponsabilidad tremenda, que deja en evidencia que aún no comprenden que ellos representan al Estado de Chile y que deben ser muy cuidadosos con sus expresiones por la investidura que hoy tienen”.
“En las pocas semanas que lleva este Gobierno, ya parece una práctica habitual darse gustitos ideológicos que están generando inconvenientes que incluso ya sobrepasaron las fronteras, porque al referirse al Wallmapu, la Ministra y otros personeros del Ejecutivo hacen alusión a una vasta extensión de territorio, que incluso comprende áreas de Argentina, lo que provocó una natural molestia de distintas personalidades en el país vecino”, afirmó Araya.
El legislador agregó, que “por esa razón le hemos pedido a la Contraloría que revise la legalidad de estas expresiones, que se han hecho por vías y canales oficiales que comprometen al Estado de Chile y provocan un impase internacional. Las autoridades del actual gobierno deben entender que ya no están en la universidad jugando a hacer política, sino que hoy representan al estado de Chile y deben estar a la altura de esa enorme responsabilidad”.
“Como hemos podido ver, estos gustitos personales nos pueden meter en líos legales a nivel internacional, y ante lo cual, es fundamental que la Contraloría se pronuncie respecto de esta situación y si las autoridades de gobierno han incurrido en una ilegalidad”, puntualizó Cristián Araya, quien pidió al Gobierno no volver a utilizar nunca más ese concepto, “porque es erróneo desde el punto de vista jurídico e histórico”.
El requerimiento solicita finalmente a la Contraloría “su pronunciamiento respecto de la legalidad de dichas expresiones, que aclare las responsabilidades administrativas que se derivan de su uso en canales y actos oficiales, las establezca respecto de los involucrados y se apliquen las sanciones correspondientes”.