El diputado del Partido de la Gente (PDG), Roberto Arroyo Muñoz, presentó el pasado jueves en la Contraloría General de la República un informe que detalla las irregularidades que existirían entre diferentes municipios del país y la agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR).
“Las municipalidades están presentando un programa que se llama Ciudades Solidarias, pero que en definitiva es un programa de ACNUR, que le dará más derechos a las personas que vienen del extranjero”, comentó el Diputado Arroyo.
Aquel programa se dio a conocer en enero del presente año, se trata de una asistencia humanitaria para familias extranjeras en vulnerabilidad.
Al respecto, la Jefa de Oficina de ACNUR en Chile, Rebeca Cenalmor-Rejas, señaló en un artículo que estas iniciativas fomentan la acogida de refugiados y migrantes, como también apoyo a los municipios que no cuentan con estos programas.
“Estos proyectos son fundamentales para fomentar la acogida de refugiados y migrantes, para que puedan contribuir con sus conocimientos a las comunidades que generosamente le han acogido. Ciudades Solidarias también apoya a aquellos municipios que no tienen iniciativas desarrolladas en este ámbito, pero que han manifestado intensiones de avanzar en esta línea”, dijo Cenalmor-Rejas.
Los alcaldes que firmaron este convenio pertenecen a los municipios de Arica, Estación Central, Santiago, Ñuñoa, La Pintana, Recoleta, Valparaíso, Concepción y Talcahuano. El Diputado les solicitó a los municipios, vía Ley de transparencia, cuál sería el monto de dinero desembolsado o el que se desembolsará, y en qué consiste este programa mencionado.
Para el parlamentario es inconstitucional que los ediles comunales tomen este tipo de decisiones.
“Existe una Cancillería, un Ministerio de Relaciones Exteriores, una Comisión de Relaciones Exteriores, tanto en la Cámara de Diputados, como en el Senado. Mi pregunta al Contralor es: ¿Por qué cualquier alcalde puede tomar un convenio internacional?“, señaló la autoridad.
Es por ello que Arroyo solicita a Contraloría que se pueda aclarar esta situación. “Queremos pedir un ordenamiento y decirle al señor Contralor que se pronuncie respecto de la legalidad o ilegalidad de este acto arbitrario que hacen los alcaldes”, concluyó.