La oposición condicionó su apoyo a un eventual acuerdo nacional sobre la seguridad ciudadana y contra la delincuencia por la prioridad que fijó el Gobierno al proyecto de ley de indulto de los presos del estallido social.
La semana pasada, cuando distintos hechos de violencia y el disparo a la periodista Francisca Sandoval en el Barrio Meiggs marcaban la agenda pública, el Presidente Gabriel Boric en su gira a Magallanes hizo un llamado a que las diferentes fuerzas políticas se unan en torno a un pacto político que permita modernizar las policías, reforzar leyes que permitan mejores investigaciones penales y aumentar presupuestos.
Desde la oposición mostraron su disposición a ser parte de un eventual acuerdo, pero con el correr de los días han ido “acusando señales equívocas del Gobierno”.
Junto a ello dicen que iniciativas como el proyecto de amnistía para personas detenidas en el estallido social, harían difícil un acuerdo, porque por un lado de habla de “mano dura” y por otro se quiere amnistiar a quienes cometieron delitos en 2019.
Así lo reiteró el presidente de la UDI, el senador Javier Macaya, quien señaló que se debe llegar a mínimos comunes para poder avanzar en un eventual acuerdo.
En ese sentido, apuntó a que, por ejemplo, la intención de amnistiar a los denominados presos de la revuelta haría compleja la materialización del acuerdo.
Por su parte, su par de Renovación Nacional, el senador Francisco Chahuán, dijo que el Ejecutivo debe dejar de lado las señales de impunidad.
Más a la derecha, el presidente del Partido Republicano, el senador Rojo Edwards, aseguró que el Gobierno, “más allá de hacer anuncios sin contenido, debe gobernar”.
En la misma línea, el diputado del Partido de la Gente, Rubén Oyarzo, dijo que están “100% disponibles para ser parte, pero debe haber más proactividad de parte del Ejecutivo”.