Los diputados de la UDI Cristián Labbé, Flor Weisse y Henry Leal, denunciaron que durante este año el Gobierno aprobó un total de 367 pensiones de gracia a víctimas de lesiones físicas ocurridas en el marco de las manifestaciones de 2019, de las cuales 137 son por un total de $515.672 mensuales; 207 por $386.754, y 23 por $257.836, lo que en total supera los $156 millones al mes para el Fisco, pero cuyo monto seguirá en ascenso debido a las distintas solicitudes pendientes.
Sin embargo, y pese a cuestionar el procedimiento para otorgar las pensiones de gracia —las que se entregan de por vida una vez que son aprobadas—, los parlamentarios gremialistas también advirtieron que las actuales autoridades no están verificando si los beneficiarios participaron o no en delitos violentos, como alteración del orden público, daños, saqueos, incendios, entre otros.
Al respecto, Labbé, Weisse y Leal hicieron referencia a una respuesta que por transparencia les envió la Subsecretaría del Interior, en la que reconocieron que “el referido departamento no mantiene información respecto a beneficiarios formalizados o condenados por hechos de violencia durante el estallido social, ya que se recepcionan los antecedentes de las víctimas enviados desde el INDH y se les concede la pensión de gracia de acuerdo a la calificación que realiza dicha institución”.
“Es absolutamente vergonzoso y cuestionable que el Gobierno esté otorgando pensiones de gracia sin ni siquiera comprobar si los beneficiarios participaron o no en delitos. Lo mínimo que debieran hacer las autoridades es averiguar si las supuestas víctimas fueron causantes del grave daño a nuestro país, de lo contrario existe la posibilidad de que más de algún beneficiario haya formado parte de lo que conocimos como la ‘primera línea’ y hoy esté recibiendo una pensión de por vida, la que además que es costeada con los impuestos de todos los chilenos”, criticaron los diputados UDI.
Por lo mismo, los parlamentarios gremialistas anunciaron que comenzarán a reunir las firmas para crear una comisión investigadora, donde justamente puedan confirmar o descartar si los actuales beneficiarios estuvieron involucrados en hechos violentos. Pero además, Labbé, Weisse y Leal aseguraron que durante la tramitación de la Ley de Presupuesto 2023, presentarán una indicación para que las pensiones de gracia —en el marco del estallido social— se otorguen sólo cuando exista una sentencia de los tribunales de justicia que acredite la calidad de víctima de la persona.
“Creemos que existe una importante falencia en la entrega de las pensiones de gracia, básicamente porque se están otorgando sin un conocimiento claro de los procesos y requisitos que deben reunir las personas para acceder a un beneficio que, no nos olvidemos, es de por vida, en un contexto además donde sabemos que el INDH ha sido víctima de graves presiones políticas”, insistieron los diputados UDI.
Finalmente agregaron que “para que este proceso no se vea sometido a cuestionamientos, es indispensable aumentar los estándares, o si no las verdaderas víctimas del estallido, que son los comerciantes y locatarios, seguirán creyendo que se están burlando de ellos”.