El Consejo para la Transparencia (CPLT) ordenó a Gendarmería la entrega de copias de los antecedentes que se consideraron para tomar la decisión de denegar o conceder beneficios intrapenitenciarios de Celestino Córdova, y Luis y José Tralcal.
Los tres sujetos están en prisión tras ser condenados por el asesinato del matrimonio Luchsinger Mackay en enero del 2013.
El requerimiento abarca el período en que las personas condenadas han estado cumpliendo condena en recintos de Gendarmería y se refiere no solo el texto de las resoluciones favorables o desfavorables adoptadas por la institución, sino también todo antecedente que se haya tenido en vista para adoptar estas decisiones.
En el caso de Celestino Córdova se pide información desde marzo de 2013 hasta mediados de 2022 y en el de los primos Tralcal desde el 26 de febrero de 2019 a la fecha de la solicitud.
Entre las razones para mantener la reserva de esta información presentadas por Gendarmería, se consideró la oposición de las personas condenadas y el hecho de que “su comunicación o divulgación provoca un menoscabo al derecho a la intimidad y a la vida privada” acorde a lo que reconoce la Constitución.
Asimismo, se alegó que contienen antecedentes que no son de libre acceso público y datos personales y sensibles. Aplicando el criterio de divisibilidad, el CPLT decidió exigir a Gendarmería la entrega previo tarjado de datos.
“Tenemos que velar por el acceso a la información pública”
Sobre la decisión, el presidente del CPLT, Francisco Leturia, detalló que, como organismo, “tenemos que velar por el acceso a la información pública y colaborar en materias que son preocupaciones a nivel nacional”.
“Una cosa importante es acceder a una decisión o acto de carácter público, pero también a aquella información que se usó para tomarla”, dijo al respecto.
Junto a esto, expresó: “¿Si alguien quiere conocer los beneficios carcelarios que tiene una persona condenada en el país, si los juicios son públicos, por qué esta información no se podría entregar? Más transparencia ayuda a fortalecer los procesos y alejar cualquier tipo de sospecha o eventuales privilegios que alguien pudiese tener”.
En contra de la decisión del Consejo, se puede reclamar ante la Corte de Apelaciones en el plazo de 15 días corridos.