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Diputado DC pide tramitar proyecto que degrada a uniformados por crímenes a DDHH

El diputado DC Gabriel Ascencio realizó un llamado a reactivar la tramitación del proyecto de ley que busca “degradar a los uniformados” que cometieron crímenes de lesa humanidad, asegurando que “este es un paso indispensable y necesario que nos permitirá avanzar, de algún modo, en la reparación a las víctimas de derechos humanos”.

En esa línea, Ascencio explicó que “hemos solicitado formalmente hoy, a la Comisión de Derechos Humanos, presidida por la diputada Carmen Hertz, que reactive la tramitación de nuestro proyecto, porque no es posible que uniformados condenados por crímenes de lesa humanidad en nuestro país, todavía gocen de los beneficios de ser parte de las Fuerzas Armadas”.

El parlamentario agregó que “lo que buscamos, es cambiar esta realidad a través de esta ley, porque estos hombres que violaron los derechos humanos no deberían recibir ningún beneficio y menos tener los honores de las Fuerzas Armadas”.

En ese sentido, el diputado DC detalló que “la pena de degradación que planteamos permitirá la privación del grado y del derecho a usar uniforme, insignias, distintivos, condecoraciones o medallas militares”.

La moción, además, contempla el retiro absoluto de la institución, incapacidad absoluta y perpetua para servir en el Ejército, Armada, Fuerza Aérea y Carabineros, la pérdida de perpetuidad de los derechos políticos activos y pasivos y la incapacidad de desempeñar cargos, empleos y oficios públicos.

El proyecto que ingresó el diputado Ascencio fue respaldado con las firmas de la ex diputada Ximena Vidal, los ex diputados Sergio Aguiló, Osvaldo Andrade, Sergio Ojeda, y los diputados Fidel Espinoza, Hugo Gutiérrez y Tucapel Jiménez

Finalmente Ascencio, en el oficio entregado a la Comisión de Derechos Humanos, señala que “Hoy en día, en época en que las ideologías totalitarias amenazan a nuestro continente, y en el cual vemos el renacimiento de una corriente negacionista y de justificación de crímenes tan atroces como los cometidos en la dictadura cívico militar que nuestro país sufrió entre el 11 de septiembre de 1973 y el 11 de marzo del año 1990, considero de total necesidad el que este proyecto de ley pueda ser tramitado por la Comisión de Derechos Humanos y Ciudadanía, como muestra patente que los uniformados que son condenados por realizar tan deplorables actos, sean separados de la rama de las Fuerzas Armadas a las cual pertenecían cuando perpetraron los hechos por los cuales fueron encontrados culpables por la justicia, siendo por lo tanto tratados como reos comunes y perdiendo sus derechos como militares en retiro”.

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Abogado de la Sala Penal niega tener vínculo con defensor de militares

El abogado integrante de la Sala Penal de la Corte Suprema que participó de los fallos donde el máximo tribunal del país entregó la libertad condicional a siete ex-agentes negó “estar inhabilitado” previamente por haber sido socio de un defensor de militares procesados por derechos humanos.

El abogado Ricardo Abuauad negó tener relación laboral con el jurista Tomás Zamora Maluenda, que habría representado a presuntos militares procesados como violadores de los derechos humanos.

Abuauad respondió en un informe al recurso de nulidad que presentó la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos (AFEP) contra los fallos que permitieron la libertad condicional a cinco reos condenados por delitos de lesa humanidad y en los que participó Abuauad.

Dicha solicitud fue acompañada por una denuncia que asegura que el abogado es socio de Zamora -a través del Estudio Abuauad, Zamora & Cía-, quien supuestamente habría representado a exuniformados sentenciados por violaciones a los DDHH.

Zamora además es coronel de Carabineros en retiro y fue procesado en 2016 por el delito de homicidio simple por hechos que ocurrieron en 1983, cuya medida fue revocada posteriormente.

En su informe de tres páginas, Abuauad negó mantener alguna inhabilidad que estipula la ley para haber fallado las libertades, destacó que los familiares de las víctimas no lo recusaron y rechazó la imputación de tener interés personal en las causas.

“No tengo sociedad profesional con el colega Tomás Zamora Maluenda, que ha participado en escasas defensas de personas procesadas por delitos que podrían tener relación con la afectación de derechos humanos, lo que no es causal de inhabilidad del suscrito”, afirmó.

“Mi relación con el colega es una comunidad de techo que mantengo con varios abogados en que cada uno ejerce diferentes rubros”, detalló en el escrito el abogado integrante de la Corte Suprema, pese a que en el portal web del estudio se presentan como un conjunto.

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Larraín: “No pueden invadir la esfera de acción de los Tribunales de Justicia”

El ministro de Justicia, Hernán Larraín, cuestionó nuevamente la acusación constitucional presentada por parlamentarios de oposición contra 3 ministros de la Corte Suprema, luego de otorgar el beneficio de la libertad condicional a condenados por violaciones a los Derechos Humanos.

El secretario de Estado afirmó este viernes que “a mí me parece que este es un tema grave. Yo quiero hacer un llamado a la prudencia a quienes ejercen sus facultades de fiscalización en la Cámara de Diputados. Una mayoría política no puede invadir la esfera de acción de los Tribunales de Justicia”, según consignó Emol.

En la misma línea, Larraín prosiguió argumentando que “el libelo acusatorio que se ha presentado lo que hace es decir que los fundamentos del fallo son inadecuados y cuando los parlamentarios o cualquier otra autoridad cuestiona los fundamentos de los fallos judiciales se está metiendo en lo que es la esencia de la independencia de los Tribunales y estamos con eso socavando el Estado de Derecho”.

El titular de Justicia sentenció sobre el tema haciendo un llamado a “tener cuidado en el ejercicio de las funciones de la Cámara de Diputados. Una mayoría política no puede destruir el Estado de Derecho”.

Cabe recordar que la presentación de la acusación constitucional fue realizada el miércolespor la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, la diputada comunista Carmen Hertz, quien estuvo acompañada por agrupaciones de derechos humanos, y por sus pares del Frente Amplio y de la ex Nueva Mayoría.

Además, este jueves en la Cámara de Diputados se realizó el sorteó para determinar a los integrantes de la comisión que estudiará el mérito de la acusación. Esta quedó conformada por tres parlamentarios de la ex Nueva Mayoría, uno del Frente Amplio y uno de Chile Vamos.

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Diputada Mix no cree que “exista violación de DD.HH: en Venezuela y Nicaragua”

La diputada del Poder Ciudadano, Claudia Mix, respondió a su par Gabriel Boric, quien emplazó a la izquierda chilena a pronunciarse por las violaciones de los DD.HH., en Venezuela, Nicaragua, China y Cuba. La política indicó que no cree “que exista violación de Derechos Humanos en Venezuela o Nicaragua por parte del Estado”; países donde han sido asesinados cientos de manifestantes durante las protestas antigubernamentales.

La parlamentaria aseguró a La Tercera que lo que ocurre en ambas naciones son “realidades complejas y en crisis”. Sin embargo, es importante recordar que en Venezuela hace días se encarceló a un diputado, cuyos videos de su encarcelamiento dieron vuelta al mundo por considerarse que podría haber sido torturado y vejado; es importante recordar que en la Declaración Universal de Derechos Humanos adoptada por la ONU en 1948 se prohíben los castigos físicos, así como los tratos denigrantes hacia una persona.

En el documento, aprobado entonces por 56 miembros del bloque, también se estipula que todos los seres humanos serán iguales ante la ley; tienen derecho a no ser discriminados y a protegerse si así se siente. Otro estatuto que no estar acorde con las políticas de Nicolás Maduro, quien ordenó implementar “un carnet de patria”, paralelo a la cédula de identidad venezolana; que sirve para repartir los alimentos importados por el Estado, y ahora, hasta será utilizado para decidir quienes podrán optar por combustible a bajo costo o a quienes les será pagado el diferencial de la nómina, luego de que el mandatario venezolano anunció un aumento de 5900% de salario mínimo difícil de costear por pequeñas y medianas empresas, a corto plazo.

Mix aseguró en lo relacionado al gobierno de Venezuela que “existen dificultades y problemas, pero es la democracia y la no intervención la que los resolverá”; sin embargo, datos de ACNUR y USAID arrojan que son miles los que todos los días abandonan el país, por no considerar que es la única salida a la crisis que afronta la nación. Esto se ve reflejado en el endurecimiento de las políticas migratorias de varias naciones de la región, incluyendo Chile, Ecuador, Perú y Brasil; que han adoptado leyes para afrontar la llegada masiva de venezolanos que saturan servicios de salud y educación.

La parlamentaria también se refirió al gobierno de Daniel Ortega, indicando que fue “electo democráticamente por el pueblo nicaragüense”; sin embargo, activistas nicaragüenses, uno ellos hermano de un asesinado durante la protesta, compararon las torturas durante el gobierno de Pinochet, documentadas en el Museo de la Memoria, con la situación actual que se está viviendo en su país.

La representante del Poder Ciudadano también reconoció que tanto en Venezuela como en Nicaragua “existe una evidente polarización social manifiesta que ha generado enfrentamientos y violencia que tanto la oposición como el gobierno no han sabido resolver”.

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Milton Juica: “Los cambios de criterio en el Poder Judicial son esperables”

El ex ministro de la Corte Suprema, Milton Juica, se refirió a los fallos del máximo tribunal que concedieron la libertad condicional a 7 condenados por violaciones a los DD.HH.

En entrevista con La Tercera, al ser consultado sobre que ya no se considere el arrepentimiento como un requisito para otorgar el beneficio de la libertado condicional, Juica afirmó que “estos cambios de criterio son esperables cuando llegan nuevos ministros, es así la institucionalidad”.

Además, el ex ministro del máximo tribunal agregó que “en el Poder Judicial nada puede tomarte por sorpresa (cambios de criterio), las cosas ocurren, son continentes de cinco ministros que tienen opiniones y las mayorías son las que mandan”.

Juica consultado por cómo deberían definirse los criterios para otorgar estos beneficios a condenados por violaciones a los DD.HH., expresó que “hay que legislar para que se constituyan y se creen los tribunales de ejecución, que todo sea un procedimiento jurisdiccional con derecho a defensa, con intervención del Ministerio Público, Defensoría Penal Pública y con instituciones naturalmente mucho más instruidas en materia de reinserción social”.

Asimismo, al referirse si este cambio de criterio en la Corte Suprema busca remecer al Poder Ejecutivo y al Legislativo, Juica señaló que “no creo. Yo creo que es una cuestión coyuntural que se dio por una integración de sala y que puede variar en cualquier momento”.

Finalmente, se refirió a si estos fallos generan impunidad. “Los jueces han tratado de evitar esa impunidad, se ha hecho un gran trabajo, y me consta, de resolver muchos asuntos que estaban perdidos absolutamente. Se ha hecho un gran trabajo de identificar a los responsables y han sido condenados”, sentenció el ex ministro de la Corte Suprema.