En el marco del “mes de la mujer” el Congreso Nacional ha tramitado la Ley Integral de Violencia de Género, que busca la adopción de medidas de prevención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres.
Sin duda es necesario impulsar iniciativas contra la violencia hacia las mujeres, sobre todo conociendo las altas cifras de violencia intrafamiliar, sin embargo, no deja de preocupar de sobremanera algunas disposiciones de este proyecto de ley en particular por su alto contenido ideológico, que podrían terminar perjudicando el fin de la iniciativa. Por ejemplo, entre los principios que rigen la ley, se encuentra la “autonomía de la mujer” concepto que ha sido utilizado en numerosos debates sobre propuestas que promueven el mal llamado derecho al aborto.
Más grave aún es el precepto que establece que los establecimientos educacionales reconocidos por el Estado deberán promover una educación “no sexista” que, por lo demás, el proyecto no define ni ejemplifica. Así, los sostenedores de liceos, escuelas y colegios, los padres y apoderados y la comunidad educativa en general quedarán a merced de una interpretación administrativa de la Superintendencia de Educación o judicial de los Tribunales de Justicia, quienes deberán decidir de qué se trata.
¿Qué significa “no sexista” para los impulsores de este proyecto y qué implicancias tendría?
¿Podría ser la separación entre hombres y mujeres en clases de educación física una medida sexista? ¿O la separación de hombres y mujeres en diferentes cursos? ¿Podría existir un proyecto educativo que crea en la complementariedad de hombres y mujeres, comprendiendo sus diferencias fisiológicas en lugar de una visión de igualdad a secas y forzada?
La norma de la ley se trata de un grave atentado a la libertad de la que gozan los proyectos educativos y el derecho preferente de los padres a educar a sus hijos que pretende imponer una visión “oficial del Estado” a toda la ciudadanía.
Es por lo anterior que un grupo de diputados de oposición presentó un requerimiento al Tribunal Constitucional para declarar la inconstitucionalidad de dicho precepto, que fue acogido a tramitación recientemente.
La libertad de enseñanza parece ser difícil de respetar para algunos sectores políticos, quienes cada vez que tienen una oportunidad, buscan capturar la educación para promover las ideologías de turno. Aunque no se especifique de qué se trata, está claro que la educación no sexista es una forma de promover la ideología de género, que es una idea no compartida por la mayoría de la población.
Con esta obligación impuesta por el Estado a los establecimientos ¿Quién tendrá la última palabra respecto a qué se enseña en los colegios: los padres de familia o el Estado?
Esta arremetida es otra expresión más de aquellos que creen que la Educación debe estar abstraída del rol de los padres de familia, dejando a estos como meros colaboradores del Estado y no como lo que realmente debiera ser el sistema educativo: la extensión de cómo las familias quieren educar a sus hijos.
Constanza Schneider, Investigadora asociada del Instituto Res Pública.