El macabro asesinato de tres funcionarios de Carabineros el pasado 27 de abril en la comuna de Cañete, mientras fiscalizaban el cumplimiento de medidas cautelares, se suma a una lamentable lista de mártires de la institución, que en solo 13 meses ha aumentado en siete policías, y en 2 años ha llegado a un total diez.
No son hechos aislados ni puntuales. Es el resultado lógico de una ola de criminalidad y violencia sin precedentes en la historia de Chile, ante la cual las autoridades se han visto sobrepasadas, y que cada vez más va formando parte de la nueva realidad nacional. Delitos de alta connotación social, que hace solo unos años no eran más que problemas de otros, son hoy parte de la tradición del día a día.
En solo cuatro años, la tasa de homicidios por cada cien mil habitantes pasó de 4,5 a 6,7, lo que ha llevado al Ministerio Público a afirmar que “la criminalidad en Chile cambió totalmente”, y como no, si durante años se ha permitido la importación de nuevos modus operandi, bandas delictuales y organizaciones criminales desde países vecinos y no tan vecinos, amparado por un descontrol fronterizo y de inmigración ilegal que hace aguas por donde se mire.
Una de las soluciones propuesta por la clase política parece irrisoria: crear un nuevo Ministerio, con nuevas subsecretarías, con más funcionarios públicos contratados, y más gasto en burocracia, con cargo, cómo no, a los impuestos de todos los contribuyentes.
La iniciativa sería una buena idea, si es que actualmente no existiera un Ministerio del Interior y Seguridad Pública. El proyecto, que fue originalmente ingresado para fortalecer el rol político del Ministerio del Interior, pero alterado por el actual Gobierno mediante indicaciones, no sólo yerra en el foco, sino que también en la forma de combatir en forma efectiva y radical la delincuencia desatada.
Legítimo es, pues, preguntarse cómo un nuevo funcionario público (que en promedio se ausenta más de 30 días al año al trabajo por licencias médicas), sentado en una oficina ministerial, y en muchos casos con escasos conocimientos en la materia, podrá solucionar o detener un problema tan sensible, acuciante y severo como lo es la inseguridad ciudadana.
Es la respuesta a una convicción tan incorporada por muchos en la esfera política: a los problemas sociales se responde con nuevos servicios públicos, instituciones estatales y más funcionarios. Desembolsar los recursos públicos en hacer crecer el Estado, excusados en hacer crecer el bienestar social. Y siempre faltará algún ámbito para donde crecer.
Hasta 8 mil millones de pesos se estima costaría financiar el primer año del nuevo Ministerio de Seguridad, la nueva Subsecretaría de Seguridad Pública, y las SEREMI repartidas a lo largo de las dieciséis regiones de Chile.
8 mil millones de pesos por mantener un año de burocracia encargada de un problema que difícilmente podrá ser revertido mientras no se tomen decisiones realmente efectivas: control estricto de la migración, orden en las fronteras, inteligencia, combate al narcotráfico y al terrorismo, empoderamiento a las fuerzas de orden y seguridad pública, mejores cárceles. El resto es música.
Pensar que las materias a cargo del actual Ministerio del Interior y Seguridad Pública serán mejor ejecutadas por estar bajo la competencia de un nuevo órgano público es pecar de ingenuidad, pero pareciera que para el Gobierno y los legisladores es más fácil ejecutar soluciones fáciles que reales.
No es una contienda vacía ni un capricho de sectores políticos. Es encontrar la mejor forma para evitar que se lleve a cabo ese portonazo con un niño en el auto, que asalten a ese adulto mayor y le roben la pensión o que muera a un menor de edad a la salida de las clases por una bala loca. Está a la vista que la solución no está en agrandar el Estado.
Si bien la situación país actual hace urgente la toma de medidas radicales en materia de seguridad que logren apaciguar la situación de violencia, crimen organizado y narcotráfico, dichas medidas deben venir aparejadas con un análisis costo – beneficio que haga de éstas algo eficaz, eficiente, y útil. Que mejor los recursos públicos se destinen a potenciar a las policías, a reforzar las fronteras y a mejorar nuestros barrios, y no a financiar más amigos en el Estado.
Columna de Raimundo Astaburuaga, Investigador del programa de Política y Sociedad del Instituto Res Publica.