En el contexto de un fin de semana desolador para la nación, se publican los nuevos resultados de la encuesta CADEM, cuyos índices arrojan que el 94% de los encuestados está en desacuerdo con que las pensiones de gracia sean entregadas a personas condenadas por delitos violentos. Si bien, el 49% estaría de acuerdo con entregar pensiones a afectados por el Estado sin antecedentes penales, el 46% estaría en desacuerdo, incluso sin presentar antecedentes. Además, el 37% cree que el presidente Boric es el principal responsable de la entrega de estas pensiones.
Más allá de dar opiniones, los entrevistados están expresando sus percepciones, y así en toda percepción existe una gran cuota de emocionalidad. Lo que ha ocurrido con el escándalo de las pensiones de gracia es el resultado de una retórica, impulsada por la izquierda chilena, contraria al Estado de derecho. Asimismo, los alcances que ha tendido semejante narrativa es la sensación de absoluta impunidad y desprotección. Impunidad porque se ha establecido un régimen que vanagloria al manifestante por el simple hecho de serlo y lo premia con total irresponsabilidad; mientras que los ciudadanos afectados por los desmanes han tenido que levantarse sin ayuda alguna y luchan diariamente en el total olvido de aquellos que se autoproclamaban sus defensores.
Además, frente a uno de los escenarios más desastrosos en términos de seguridad pública de nuestro país, la sensación de desprotección solo se refuerza cuando un gobierno defiende e indemniza a delincuentes, mediante un argumento distorsionado de instrumentalización de los derechos humanos. En una lógica revolucionaria, propia de la élite que hoy conforma el gobierno, la épica del manifestante los consagra, retorcidamente, como los héroes de una nación. Sin embargo, estos olvidan que quienes generan el progreso y levantan a un país son aquellos ciudadanos honrados y nobles que cumplen con la ley y esperan que se garanticen sus derechos. Esto es lo que define la defensa de los derechos humanos, que un Estado asegure a cada quien poder ejecutar su proyecto de vida con paz y libertad.
En esta línea, la encuesta también entrega datos respecto a la responsabilidad de quienes están a cargo del gobierno. Así, el 95% está de acuerdo con que se realicen test obligatorios de drogas y el 91% no cree que deberían poder negarse. Esta concepción sobre la élite política se contradice con el actuar de algunos funcionarios de gobierno, como sería el caso de la diputada Emilia Schneider quien se negó a hacerse el examen argumentando que “no se presentaría para este show que han armado los diputados”. A este caso se le suman la rebeldía de Marisela Santibáñez (PC), Clara Sagardía (IND-Frente amplio) y Jorge Durán (RN).
Claramente, existe una total desconexión de los diputados con la angustiante realidad de los chilenos, pero también abunda en ellos un total desprecio hacia sus responsabilidades como miembros del poder legislativo. Estos no comprenden o simplemente no les interesa cumplir con su deber de servicio al país, lo que necesariamente implica la necesidad de responsabilidad y de probidad respecto a sus conductas. De alguna manera, han demostrado que quieren asentarse en el poder sin exigencias propias que un estado democrático impone a la clase política.
Asimismo, existe una población asustada que anhela orden, seguridad y respuestas, pero lo único que ha recibido de la élite gobernante es total incapacidad y desdén para comprender dicha realidad. Por el contrario, no han desistido en seguir promoviendo un discurso distorsionado que resguarda la delincuencia, en un país que exige desesperadamente un jaque definitivo a la impunidad.
Antonia Russi. Investigadora Fundación para el Progreso