Hace pocos días el Comité de Ministros, órgano que en la práctica debe otorgar la aprobación final de los grandes proyectos de inversión que puedan impactar el medio ambiente, no se pronunció sobre la aprobación o rechazo del proyecto WTE Araucanía, que busca transformar la basura en energía eléctrica, a pesar de que los ministros estaban citados para ello y el tema estaba en tabla. Por si fuera poco, el proyecto lleva 6 años de tramitación entre los distintos permisos y autorizaciones de la “tramitología” nacional.
Este no es un hecho aislado. Más bien es sólo un ejemplo más de lo atrasados que estamos como país en cuanto a los desafíos de simplificar la burocracia y la facilitación del desarrollo de grandes proyectos de inversión que permitan dinamizar la economía, generar más y mejores empleos y aumentar los salarios de los trabajadores.
La situación es crítica considerando el estancamiento interno de nuestro país, pero se agrava si consideramos que nuestros competidores a nivel internacional están siendo capaces de responder de forma más veloz y rápida que nosotros. Por ejemplo, Perú acaba de aprobar 19 proyectos mineros y energéticos en sólo dos meses, con una inversión total que supera los 955 millones de dólares. Por su parte, el Presidente electo de Argentina, Javier Milei, promete revolucionar la economía argentina, dejando atrás el proteccionismo imperante por más de 70 años y optar por una masiva apertura al mundo.
Mientras tanto, Chile “se da el lujo” de rechazar proyectos de gran envergadura como Dominga, que suponía por sí solo una inversión de 2.500 millones de dólares; insiste en una “Estrategia” Nacional del Litio consistente en que el Estado sea controlador de los proyectos a los que invitamos a los privados a participar; paraliza la pesca artesanal del sur del país con la excusa de proteger el medio ambiente a costa del sustento de miles de nuestros compatriotas; y, entre muchos otros lamentables ejemplos, Chile es incapaz de cerrar contratos de inversión para el desarrollo del hidrógeno verde en Magallanes.
Además de estas malas decisiones por parte del Gobierno, tenemos una estructura de permisos que desde hace ya varios años alejan la inversión, en lugar de facilitarla. Procedimientos administrativos eternos, sin plazos máximos, servicios públicos evaluadores de poca eficiencia y un exceso de permisos, muchos de ellos redundantes entre sí, son algunas de las causas por las cuales la inversión no logra consolidarse. Caso ejemplar es la fábrica de Sinovac, quienes finalmente invertirán en el país sólo porque el gobierno prácticamente rogó que no se olvidaran de nuestro país.
Si bien en algún momento supimos hacer las cosas bien, hoy este angosto país alejado del resto del mundo no está dando el ancho en materia de inversión y crecimiento. Ante competidores cada vez más ágiles y dispuestos a disputar el antiguo liderazgo chileno en la región, un gobierno incapaz de atraer la inversión extranjera y un complejo sistema de trámites para poder desarrollar los proyectos de los pocos inversionistas que mantienen el interés en el país, no debemos sorprendernos cuando más temprano que tarde, de no cambiar el rumbo, quedemos a la cola de la región, al igual que gran parte del siglo XX.
Rodrigo Melendez Investigador del Equipo Constitucional del Instituto Res Publica