El domingo 17 de diciembre los chilenos tendremos la misión de determinar si nos parece que la propuesta constitucional presentada por el Consejo Constitucional cumple con nuestras expectativas y decidimos adoptarla, o bien si preferimos conservar nuestra vilipendiada, pero extraordinariamente resistente, constitución vigente. Si bien, son múltiples los debates y discusiones que buscan argumentar a favor o en contra de este texto, me parece relevante destacar, a grandes rasgos, dos consideraciones tremendamente satisfactorias respecto del contenido de esta propuesta.
En primer lugar, se introducen cambios significativos en materia tributaria. Por una parte, se refuerza la legalidad y la proporcionalidad de los tributos, y, por otra, se incorpora la posibilidad de deducir de impuestos ciertos gastos considerados necesarios para la vida del contribuyente, así como una compensación del Estado a los contribuyentes sobre quienes haya pesado una carga fiscal desproporcionada. Ahora bien, probablemente la disposición más notoria es la que exime de contribuciones de bienes raíces a la vivienda principal de residencia del contribuyente. En suma, en materia tributaria se llevan a cabo diversas modificaciones al sistema que están, en definitiva, dirigidas a aliviar la carga tributaria que recae en las personas y a incentivar, en consecuencia, al Estado a gastar eficientemente lo que recauda.
En segundo lugar, la propuesta constitucional recoge lo que diversos sondeos de opinión han mostrado: las personas quieren tener propiedad sobre sus fondos previsionales, y exigen, ciertamente, la heredabilidad de estos. Al garantizar el derecho a la Seguridad Social, se establece la propiedad sobre los ahorros junto con la inexpropiabilidad de estos, y al mismo tiempo se consagra el derecho a elegir libremente la institución encargada de administrar e invertir a los fondos, sea estatal o privada. Así, de la misma manera en que ocurre en materia tributaria, en lo relativo al sistema provisional se establecen disposiciones que buscan proteger a los trabajadores y a sus familias ante el riesgo y la tentación del Estado de utilizar esos dineros para fines ajenos a la jubilación de los chilenos.
Hoy, la tarea es evaluar si preferimos la Constitución vigente o la propuesta constitucional, y, para realizar ese análisis, es fundamental tener en mano ciertas certezas que otorga el texto que se plebiscitará: la centralidad de la persona, la protección de esta en los distintos quehaceres sociales y económicos, y la modernización a un Estado que debe propender a una mayor eficiencia y austeridad en su actuación.
Diego Abauad, investigador del Instituto Res Publica.