En política, el efectivo y correcto ejercicio del poder, requisito fundamental para la consecución del bien común, es tanto una gran responsabilidad como un deber de nuestras autoridades. No ejercerlo puede generar responsabilidades administrativas, políticas e incluso penales.
La imagen de la alcaldesa de Viña del Mar, Macarena Ripamonti, durante la primera jornada del tradicional Festival de Viña del Mar en la que mostró una pancarta exigiendo una “ley de incendios ¡ahora!”, es, quizás, un buen ejemplo de la inactividad y pasividad inexcusable por parte de los miembros del Frente Amplio y en general los partidos oficialistas desde que llegaron al poder, incluso luego de casi tres años de gestión como es el caso de Ripamonti.
Los fatídicos incendios de Viña del Mar pudieron, con certeza, haber tenido un desenlace distinto si es que el Municipio hubiese aprobado y tenido vigente el Plan Comunal de Emergencias o el Plan de Evacuación ante incendios. Estos instrumentos son esenciales para poder reaccionar oportunamente ante las emergencias que son comunes en Chile, como incendios, inundaciones o terremotos y, fundamentalmente, actuar para salvar vidas. El hecho de que la alcaldesa no haya tenido la diligencia necesaria para que su equipo tuviese estos planes listos, es una omisión grave que no solo tiene consecuencias jurídicas, sino que tuvo consecuencias lamentables en decenas de vidas de compatriotas de dicha zona.
Una situación similar se presenta en torno al Caso Convenios, ampliamente conocido por todos los chilenos, cuya suma va en, al menos, 14 mil millones de pesos, aunque otras estimaciones lo sitúan en torno a los 32 mil millones. Si bien han ocurrido algunas renuncias derivadas del conocimiento de los ilícitos, lo que podríamos atribuir a cierta responsabilidad de los renunciados, lo cierto es que existen otras autoridades que aún no se han hecho responsables.
Quizás las dos más altas autoridades cuya mantención en el cargo se torna cada vez más insostenible es la del Ministro de Vivienda, Carlos Montes, y el Jefe de Asesores de La Moneda, Miguel Crispi. En vista de los antecedentes que han sido revelados durante los últimos casi 9 meses, cada vez parece más certero que ambas autoridades sabían de antemano a lo menos parte de las transacciones ilegales antes de que se hiciese público el escándalo.
Lo anterior, descarta un real compromiso los estrictos deberes de probidad al no tomar las acciones necesarias para frenar en seco la corrupción y el mal uso del dinero de los contribuyentes. En el mundo privado, ¿qué jefe permanece en su cargo si es que, sabiendo de qué alguno de sus subordinados está robando, no hace ni dice nada? Lo mismo ocurre con la Subsecretaría de Prevención del Delito, dirigida por Eduardo Vergara. Mientras la delincuencia y la inseguridad no hacen más que subir, la Subsecretaría ha sido incapaz de idear e implementar políticas públicas conducentes a una disminución de los delitos, particularmente de aquellos de mayor gravedad.
Estos son solo tres ejemplos de la flagrante omisión y evasión de las responsabilidades de numerosas autoridades del oficialismo que ocupan las jefaturas nacionales y locales. El Estado, como sociedad necesaria, requiere de personas comprometidas con el servicio público, el trabajo constante y la responsabilidad en el ejercicio del cargo para contribuir al bien común de nuestra sociedad. Sin este compromiso, el “principal resorte de la máquina” no puede funcionar correctamente. Sin buenas autoridades, no hay un buen gobierno. Y sin buen gobierno que cumpla con sus funciones elementales, no hay progreso posible.
Rodrigo Meléndez Barrena Investigador Programa Política y Sociedad IRP