Frente a la crisis de seguridad y el problema de migración ilegal que afectan al país, es frecuente ver acusaciones donde se culpa a Michelle Bachelet, Sebastián Piñera o Gabriel Boric. En sentido estricto, quienes gobiernan y han gobernado tienen una alta cuota de responsabilidad al respecto. Los políticos van generando incentivos en base a lo que anuncian y establecen como medidas. El problema de seguridad que hoy afecta a Chile está mediado por decisiones y promesas políticas que simplemente han sembrado una serie de incentivos perversos.
Durante la segunda administración de Michelle Bachelet, el tono respecto a la migración comenzó a cambiar. Entre otras cosas, desde el gobierno se asumía una postura que planteaba buscar una mayor flexibilidad migratoria. Así, por ejemplo, en la fallida propuesta de ley de Migración y Extranjería de Bachelet del año 2014 se buscaba eliminar la discrecionalidad por parte de la autoridad en cuanto a permitir el ingreso o permanencia de un extranjero. Desde ese entonces había idealización y desprolijidad frente al tema migratorio. En ese sentido, el exjefe del departamento de Migraciones del segundo gobierno de Michelle Bachelet, Rodrigo Sandoval, dijo tiempo atrás que faltó tomar decisiones más claras al respecto. El caso de los vuelos directos desde Haití, que llegaban prácticamente cada día, es el ejemplo más decidor en ese sentido.
En 2018, producto del asesinato de Margarita Ancacoy, trabajadora de la Universidad de Chile, quien fue asaltada por una banda de ecuatorianos que la mataron a palos, parte del debate público estuvo centrado en un, en ese entonces, incipiente problema de migración ilegal. Ese mismo año, el Frente Amplio planteaba que ningún migrante era ilegal, exigiendo su acceso a derechos sociales sin condiciones. Incluso, algunos diputados proponían darle el bono marzo a extranjeros sin exigencia alguna, entre ellos se encontraba Catalina Pérez y Daniela Cicardini. En febrero de ese año, el actual presidente Gabriel Boric escribía con total frivolidad en sus redes sociales: «No tengo problemas con inmigrantes sin papeles».
En julio de 2019, la vocera del segundo gobierno de Sebastián Piñera, Cecilia Pérez, decía con total desparpajo que Chile iba a seguir recibiendo migración venezolana hasta que el país lo resista. En febrero de ese año, el entonces presidente había viajado a la colombiana ciudad fronteriza de Cúcuta en el contexto de la organización de un concierto en ayuda a Venezuela, producto del recrudecimiento de la situación de miseria, represión e inestabilidad bajo el régimen socialista de Nicolás Maduro. Piñera ya había anunciado en 2018 la creación de la llamada visa de responsabilidad democrática para todos los venezolanos que quisieran salir de Venezuela y migrar a Chile.
Entre 2018 y 2021, existieron procesos de regularización masiva de migrantes ilegales. Durante el primer gobierno de Michelle Bachelet también hubo una regularización similar, pero claramente la magnitud de la migración era mucho menor. Todo esto, sumado a discursos que decían que nadie es ilegal, que cualquier exigencia de documentación era contraria a los Derechos Humanos y promesas irresponsables como las que hacía Gabriel Boric en su programa de gobierno, probablemente ayudaron a incentivar la migración ilegal.
Así, durante la pandemia el ingreso ilegal recrudeció. Frente al intento por parte del gobierno de Piñera de establecer mayores restricciones al ingreso ilegal que ya era problemático, la coalición comunista frente amplista no dudó en recurrir al TC para impugnar el proyecto sobre Migración y Extranjería que incluía medidas como la exigencia de visas o la reconducción inmediata de migrantes ilegales. Gabriel Boric, Karol Cariola, Marcelo Díaz, Maya Fernández, Hugo Gutiérrez, Carmen Hertz, Giorgio Jackson, Maite Orsini, Marisela Santibáñez, Camila Vallejo y Gael Yeomans presentaron el requerimiento ante el Tribunal Constitucional.
Actualmente, según estimaciones de la PDI, hay alrededor de 150 mil migrantes ilegales en Chile y la cifra sigue aumentando si consideramos que, tal como denunció el fiscal de Tarapacá días atrás, la frontera norte no tiene control sobre los ingresos a partir de las 18 horas. Este descontrol está generando costos y perjuicios en el modo de vida de los chilenos, afectando los barrios, los espacios públicos, el comercio, los servicios y la seguridad. Esto se aprecia en pequeños pueblos como Colchane y en las plazas de ciudades como Arica, Iquique, Antofagasta, Santiago, Viña del Mar, Puerto Varas y un largo etc.
El caso de los dos agricultores asesinados en Malloa por parte de una banda de extranjeros ilegales y con antecedentes penales, muestra el modo en que este problema se comienza a enquistar y propagar en el Chile profundo. El presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura, Antonio Walker, ha dicho que «las bandas de crimen organizado se han trasladado a comunas rurales». Héctor Barros, jefe del recién estrenado Equipo contra el Crimen Organizado y Homicidios (ECOH), también ha dicho que enfrentamos la entrada de peligrosas bandas extranjeras.
La migración ilegal comienza a ser un instrumento del crimen organizado, lo que se traduce en el auge de delitos como el sicariato y asesinatos a mansalva a plena luz del día, los cuales se expanden por todo el territorio. Es un problema innegable que pone en riesgo la seguridad de los ciudadanos, nuestras ciudades, el Estado de Derecho y la democracia. Basta de idealización, buenismo y desprolijidad de las autoridades, la prensa y los líderes de opinión. Chile ya no resiste más.
Jorge Gómez Arismendi. Investigador Senior FPP