La Fiscalía Nacional Económica (FNE) presentó ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) un requerimiento por colusión contra las principales empresas de transporte de valores que operan en el país: Brink’s, Prosegur y Loomis. Además, la acción fue interpuesta contra seis de sus principales ejecutivos, por haber ejecutado un acuerdo para fijar los precios de sus servicios entre los años 2017 y 2018.
La FNE pidió al TDLC que aplique a los requeridos sanciones a beneficio fiscal que totalizan 81.585 Unidades Tributarias Anuales (UTA), equivalentes a aproximadamente US$ 63,4 millones.
Las mayores multas fueron solicitadas para Brink’s Chile S.A. (Brink’s), por 39.325 UTA, correspondientes a US$ 30,5 millones, y para Juncadella Prosegur Group Andina S.A. (Prosegur), por 33.253 UTA, equivalentes a US$ 25,8 millones. Estos montos son las multas individuales más altas que haya pedido la FNE en casos de colusión.
Para Wagner Seguridad Custodia y Transporte de Valores SpA (Loomis), la FNE solicitó una sanción económica de 8.314 UTA, que corresponden a US$ 6,4 millones.
En el caso de los ejecutivos, el requerimiento pide sancionar a los gerentes generales de las tres empresas de transportes de valores en Chile: Alberto Bálsamo Barreiro (Brink’s), con 149 UTA (US$ 115 mil); Marco Malverde Muñoz (Prosegur), con 134 UTA (US$ 104 mil); y Cristián Catalán Jerez (Loomis), con 114 UTA (US$ 88 mil).
En esta misma línea, la acusación está enfocada en los jefes regionales que tenían a su cargo Chile y otros países de Latinoamérica: Martín Matos Pardo, Director General Latam Sur de Prosegur, para quien se pidió una sanción económica de 174 UTA (US$ 135 mil) y Rui Sanches Da Silva, Cluster President Portugal y Latam de Loomis, con un monto de 122 UTA (US$ 94 mil).
La FNE solicitó además al TDLC iniciar un proceso de exhorto para notificar el requerimiento a estos dos últimos ejecutivos, que residen en Uruguay y en Portugal, así como a Marco Malverde, quien fue trasladado por Prosegur y reside en Indonesia desde julio de este año.
El Fiscal Nacional Económico, Ricardo Riesco, detalló que el requerimiento “reafirma el compromiso de la FNE de perseguir a las personas naturales que participan en actos de colusión, estén donde estén, porque los carteles golpean la confianza de la ciudadanía y por eso seguirá siendo prioritario para nosotros detectarlos, investigarlos y lograr sanciones disuasorias utilizando todas las herramientas que nos entrega la ley”.
Adicionalmente, la FNE pidió al TDLC que exima de multa a la persona natural que reveló la existencia del cartel en el marco del programa de delación compensada y que se declare expresamente que se encuentra exenta de responsabilidad penal por los hechos que son objeto de la acusación.
“Este cartel se desarrolló luego de la entrada en vigencia de la última modificación de la ley de competencia y eso nos ha permitido solicitar las multas individuales más altas que hasta ahora haya conocido nuestro sistema de libre competencia, dando el primer paso que exige la ley para una eventual persecución penal del mismo”, complementó el Fiscal.