Entidad dice que “no hay predios abandonados” y que “todos realizan alguna actividad”. Gremios afirman que 60% de las tierras transferidas a las comunidades indígenas salió del circuito agrícola y Corporación dice que un 95% tiene productividad.
No hay acuerdo respecto de la productividad de las tierras transferidas, por medio de la Ley Indígena, a las comunidades mapuches por parte del Estado. Mientras estudios de la Universidad de La Frontera, citados tanto por la Sociedad de Fomento Agrícola de Temuco como por la Asociación de Agricultores de Victoria Malleco, indican que un 60% de las hectáreas entregadas a partir de 1994 “están abandonadas” y “salieron del circuito productivo”, desde la Corporación de Desarrollo Indígena (Conadi) dicen que el uso de las tierras “llega al 95%” y que “todas desarrollan alguna actividad”.
Según el director jurídico de la Multigremial de La Araucanía, abogado Juan Pablo Lepín, “el tema que preocupa es que las tierras que se dedicaban a la lechería o a los granos, y generaban mucho empleo, y desarrollo para la región, hoy se encuentran abandonadas productivamente, aunque estén habitadas por comunidades”. El profesional realizó una investigación que reveló que el costo promedio de las hectáreas compradas por Conadi aumentó doce veces entre 1994 y 2017.
El director nacional de Conadi, Joaquín Bizama, advierte que “la información obtenida en terreno revela un alto grado de ocupación productiva efectiva de los predios”, pero reconoce que dicha utilización “no es necesariamente en la forma tradicional que un agricultor no mapuche podría preferir”.
Lepín recalca que “hay que distinguir entre un predio habitado y el abandono productivo” y agrega que “hay campos que, en ambos sentidos, no son aprovechados”.
Desde las unidades técnicas de Conadi reconocen que la conversión de las actividades productivas que desarrollan los grupos indígenas para adaptarse a las condiciones de los predios adquiridos “es un proceso lento” y que requiere el apoyo del Estado en la “inversión en capital de trabajo, préstamos, capacitaciones”, pero agregan que ello es una oportunidad “de generar alianzas e incorporarse al mercado”.
Lepín replica que “si bien se ha hablado de hacer un encadenamiento entre los servicios públicos para que a los campos comprados por Conadi se les entreguen subsidios a la vivienda, agua potable rural y caminos, eso no ha sido demostrado, porque no hay cifras oficiales”.
En Conadi detallan que existe una coordinación intersectorial para generar un apoyo productivo y que prueba de ello es “el Comité Indígena creado por Corfo y en el cual Conadi participa”. Advierten que, además, en la entidad existe un plan piloto que permite “acompañar a las comunidades pre y post compra de un predio, establecer cuáles son sus cualidades productivas y diseñar proyectos susceptibles de ser financiados”.
El abogado Lepín insiste en que las herramientas aludidas “son generales y benefician a toda persona del mundo rural y no van de la mano de la compra de tierras” y asegura que “no hay una política de Gobierno concreta, no hay un decreto, que considere incentivos hacia la habitabilidad ni que fomente la producción de los campos transferidos”.
En la entidad estatal hacen hincapié en que “el acompañamiento productivo lo realiza el Estado a través de Indap, Fosis, Sercotec, Corfo y los gobiernos regionales”, pero reiteran que el Comité Indígena “es una instancia relevante para la coordinación institucional de estos y más servicios para apoyar los proyectos productivos de las propias comunidades” que accedieron a tierras.
”Información obtenida en terreno revela un alto grado de ocupación productiva de los predios, superior al 95%”.
JOAQUÍN BIZAMA, Director de Conadi.
”Hay campos que están habitados, pero antes producían mucho empleo y hoy están abandonados productivamente”.
JUAN PABLO LEPÍN, Unidad Jurídica Mutigremial de la IX Región.
Fuente: El Mercurio