El pasado 7 de septiembre, El Salvador se convirtió en el primer país del mundo en otorgar al bitcoin como moneda de pago legitima, junto al dólar.
Una de las acciones del presidente Nayib Bukele para incentivar el uso de la criptomoneda en el intercambio de bienes y servicios, es realizar una billetera gubernamental e instalar una red de cajeros automáticos administrados por una empresa privada pero constituida con fondo públicos, según los denunciantes.
Según la organización Cristosal, presentó una denuncia frente a la Corte de Cuentas de la República (CCR) de El Salvador por “posible manejo irregular de fondos estatales para la puesta en marcha del bitcoin” como moneda de curso legal.
“Fraude de ley para evitar la fiscalización”, señaló el escrito, esto cuando la Empresa Transmisora de El Salvador (ETESAL), subsidiaria de la autónoma Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL), creó la empresa denominada Chivo.
Esta ejecución, “ha servido para evadir el control y la fiscalización de la ejecución de fondos públicos”, según los denunciantes.
Según fuentes periodísticas, se realizó un mecanismo similar para fundar el medio gubernamental Diario El Salvador, que también está bajo la lupa por supuestos usos de dineros fraudulentos.