YVO SALINAS/AGENCIAUNO
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Ante el Juzgado de Garantía de Viña del Mar, la alcaldesa Virgina Reginato interpuso Una querella por el delito de daños en contra de dos jóvenes que manipularon las manecillas del reloj de flores de la ciudad jardín, causándoles desperfectos que aún están en evaluación

La acción legal se fundamenta en que este bien público constituye un monumento emblema del Turismo de Viña del Mar, cuyos daños significan un perjuicio a toda la ciudad, afectan directamente el patrimonio municipal, ya que estas especies y el mobiliario son de dominio del municipio, por lo que se debe asumir ese costo en reponer lo destruido para restituir en todas sus partes los daños causados y dejarlo en condiciones de servir a la comunidad que visita la ciudad.

“Hemos presentado esta querella contra las dos personas responsables de estos daños quienes ya están identificados. Lamentamos mucho que esto siga sucediendo y sobre todo en esta época, en que los turistas lo visitan. Por ello que las personas que hicieron esta maldad deberán responder y hemos puesto a disposición de la justicia las imágenes y en el caso del menor tendrán que responder los padres”, dijo la autoridad comunal.

El asesor jurídico de la Municipalidad Mario Araya, aseguró que el actuar doloso de los querellados configuran el delito de daños, previsto y sancionado en el artículo 485 del Código Penal, que establece que serán castigados con la pena de reclusión menor en sus grados medio a máximo y multa de 11 a 20 unidades tributarias mensuales, los que causaren daño cuyo importe exceda de 40 unidades tributarias mensuales.

Si bien el reloj se ha puesto en funcionamiento, ha presentado atrasos de media hora, por tanto aún está en evaluación su mecanismo y los daños para tratar de lograr su ajuste necesario. De no concretarse su precisión habrá que desarmarlo y ser revisado por técnicos mexicanos y adquirir los repuestos correspondientes, lo que lo tendría fuera de servicio por los menos 20 días.

Los involucrados en el hecho fueron formalizados por el Ministerio Público, cuyo juez determinó 70 días para la investigación.

Respecto a otras acciones, Araya indicó que los autores de este tipo de hechos han debido pagar los daños ocasionados.

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