Más de 10.000 personas se encuentran en lista de espera para recibir atención en la Corporación de Asistencia Judicial (CAJ), servicio público gratuito que depende del Ministerio de Justicia y que proporciona apoyo y patrocinio a quienes lo necesiten.
La información aparece publicada hoy en La Tercera, que cita un informe de la Contraloría sobre centros de la CAJ de la Región Metropolitana, que en septiembre presentaban más de 40 solicitudes de usuarios en espera de una entrevista, verificándose que, a esa fecha, estos totalizaron 10.782 casos.
El diario también consigna el caso de una persona que el 24 de enero de 2017 solicitó una entrevista de orientación al funcionario de la Corporación de Asistencia Judicial (CAJ) de la Región Metropolitana Luis Olivos. La reunión se fijó para el 16 de octubre de 2021, es decir, con una espera de tres años y nueve meses.
Asimismo, añade el diario, de los más de 10 mil casos, Contraloría detectó que “existen 2.355 usuarios que han solicitado una entrevista por primera vez con un profesional de orientación e información a los que aún no se les ha asociado un folio, número que se asigna a la carpeta que da inicio a la tramitación de la causa”.
Además, hay 17 solicitudes de entrevistas realizadas antes del 7 de septiembre de 2017, de las que 11 quedaron agendadas para 2018, cinco para 2019 y una para 2021. De acuerdo con el informe de la Contraloría, “situaciones como las descritas evidencian que la CAJ Metropolitana carece de capacidad suficiente para asegurar a los usuarios y patrocinados el acceso oportuno a la justicia”.
Al respecto, la entidad señaló en su respuesta a la Contraloría -que fue incluida en el mismo informe- que “la mencionada lista de espera en promedio no supera los 30 días hábiles”. Además, indica que “la corporación tiene un déficit de personal que se encuentra asociado a la falta de presupuesto, lo que afecta la capacidad de servicio y cobertura institucional”.
En ese sentido, el ente contralor concluyó que la respuesta entregada por la CAJ se hizo en base a antecedentes del trimestre julio a septiembre de 2017, “no siendo comparables los resultados informados”. Asimismo, cuestionó que la corporación “no adjuntó los reportes extraídos del sistema en base a los cuales elaboró su respuesta” y que “no se pronunció en forma específica sobre las situaciones (…) en las que se indican casos de agendamiento de entrevistas que sobrepasan con creces los plazos autorizados”.
Otro problema detectado es la existencia de causas civiles en que durante períodos prolongados no aparecen registros de actuaciones realizadas por el abogado o alumno en práctica. Según el documento, “ello implica que las referidas causas no habrían sido gestionadas mediante acciones de los aludidos empleados que permitan arribar al término de estas, lo que provocó que fueran catalogadas como de ‘abandono judicial’”. Entre 2015 y 2017 se registraron 123 casos en esta situación.
La Tercera consultó a la CAJ Metropolitana por las situaciones en que se fijaron entrevistas en que deberán pasar años para concretarse. Al respecto señalaron que “esto está totalmente fuera del rango existente en espera de atención. De existir un caso como ese, se puede deber por un error de registro en el agendamiento, no obstante las Direcciones Regionales mensualmente monitorean las agendas de atención”.