El director de Inteligencia de carabineros, general Gonzalo Blu, acusó a la Fiscalía Regional de La Araucanía de amparar a los autores de los hechos de violencia en el sur y afirmó que la información obtenida a través de “métodos especiales” en la “Operación Huracán” contó con el respaldo de los tribunales y de la propia fiscalía.
El general Blu, autor intelectual de la “Operación Huracán” contra la CAM, leyó esta mañana una declaración en la Escuela de Carabineros en que rechazó las denuncias de la fiscalía y su decisión de no perseverar en la investigación, pero no admitió preguntas que con toda seguridad iban a apuntar a las acusaciones de montaje, concretamente por la introducción de mensajes de WhatsApp en los teléfonos celulares de los imputados.
La declaración de tres páginas del general Blu señala textualmente:
“Carabineros actúa en búsqueda de la verdad y en aclarar los hechos que lamentablemente han sido víctima los habitantes de la región de La Araucanía. La situación planteada por el Ministerio Público no hace más que amparar a aquellas personas que se han dedicado a causar el miedo en regiones del sur del país y deslegitima a dos importantes instituciones del estado, las cuales solamente deberían estar preocupadas por la lucha contra la delincuencia.
Me extraña mucho que la decisión de no perseverar en la investigación de la operación Huracán , haya sido declarada públicamente, luego que un fiscal de la Araucanía presentara una querella, por los antecedentes que nosotros pusimos a disposición del Ministerio Público y que le podría afectar personal y penalmente, como asimismo, llama la atención que la mencionada querella esté basada en un documento transmitido en carácter de secreto a la Fiscalía Nacional”.
Con todo, Carabineros de Chile dispuso un sumario administrativo, a cargo del general subdirector, para esclarecer administrativamente las controversias que se han hecho públicas.
En cuanto a la investigación, esta se efectuó en primera instancia con la autorización legal de un ministro de la Corte de Apelaciones de Temuco, quien precisamente realiza el control de la legalidad de las medidas instrusivas decretadas por Ley de Inteligencia.
Es importante recalcar que en el mes de mayo del año 2017, es decir, cuatro meses antes de las detenciones, se transmitieron verbalmente y con mi liberación a la fiscalía regional de Temuco, antecedentes de inteligencia que una vez analizados, evaluados y lograda la convicción por parte del ente persecutor, ellos mismos solicitaron a Carabineros, la liberación y entrega mediante oficio secreto de esta información para efectos de iniciar la persecución penal.
Esta información de inteligencia, obtenida a través procedimientos especiales fue entregada en el mes de septiembre a la fiscalía regional de Temuco, vía oficio, en el cual se individualizaron a 17 personas, respecto de las cuales la propia fiscalía tuvo la convicción para requerir al Juzgado de Garantía de Temuco, órdenes de detención en contra de 10 de ellos.
Respecto de los dispositivos incautados a los detenidos y analizados por parte de personal especializado, esto se realizó conforme las instrucciones, supervisión, control y dirección de la fiscalía de Alta Complejidad y Unidad Especializada en Lavado de Dinero, Delitos Económicos y Crimen Organizado de la Fiscalía Nacional (Ulddeco).
Por eso insisto, nuestra investigación fue y está amparada en la legislación vigente, y que las declaraciones realizadas el día de ayer y contenidas en la presentación de ‘no perseverar’ en la investigación colocan en tela de juicio las decisiones y control jurisdiccional realizados en esa oportunidad.
Pero no sólo quedan estas dudas, sino que además es preocupante que una investigación de 8 meses se pretenda cerrar con otra de tres semanas y más aun quedando más de una veintena de diligencias pendientes, ordenadas por la misma fiscalía y otras solicitadas por el propio equipo investigador de Carabineros el día 6 de diciembre de 2017.
Debo señalar además que estos procedimientos especiales de obtención de información contenidos en la Ley de Inteligencia, siempre autorizados por un ministro de la Corte de Apelaciones respectiva, han sido utilizados en otros procesos investigativos.
Carabineros, al igual que la fiscalía tuvimos la convicción de que los antecedentes tenidos a la vista en su oportunidad fueron los suficientemente sólidos para solicitar la detención y posterior formalización de los imputados. Nosotros mantenemos inalterable la convicción respecto de la seriedad de los antecedentes que involucran a los imputados, más aún que como fruto de la investigación han aparecido otros implicados como ayudistas, encubridores, financistas, entre otros.
Finalmente, reitero que todos los procedimientos investigativos llevados a cabo por Carabineros de Chile se han ejecutado con irrestricto apego al ordenamiento jurídico vigente y esperamos que el Poder Judicial no acoja la petición de cierre de la causa, y se sigan investigando los delitos terroristas por el bien de la comunidad, preocupación permanente de la institución en resguardo de la seguridad e integridad de las personas que han sido afectadas en especial por la violencia rural, en donde incluso han perdido su vida carabineros y civiles inocentes”