Impacto nacional causaron las denuncias de la Fiscalía Regional de La Araucanía contra Carabineros por supuestos montajes en la denominada “Operación Huracán”, indagatoria que fue cerrada. El Gobierno, que la respaldó en su momento, exigió una investigación administrativa inmediata a la institución policial, y ésta aún no se pronuncia de manera oficial frente a las acusaciones.
El escándalo reventó ayer en Temuco, tras conocerse una querella presentada a título personal por el el fiscal jefe de Alta Complejidad de La Araucanía, Luis Arroyo, contra funcionarios de la Dirección de Inteligencia Policial de Carabineros (Dipolcar) que intentaron –según denunció- involucrarlo a él y una abogada asesora en la supuesta filtración de antecedentes de la “Operación Huracán” a Héctor Llaitul, vocero de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM).
Después de revelarse la querella, el fiscal regional de La Araucanía, Cristian Paredes, comunicó la decisión de no perseverar en investigación por asociación ilícita terrorista e incendio en carácter de terrorista en la llamada policialmente “Operación Huracán”.
La razón fue que “durante la investigación, se han reunido una serie de antecedentes periciales que dan cuenta de que hubo manipulación de la evidencia incautada, en el marco de esta investigación”.
Afirmó que mediante peritajes realizados por la fiscalía regional se estableció que “aquella información que fue recogida en los pre informes y en los informes periciales elaborados por el laboratorio de criminalística de Carabineros de Chile existen una serie de inconsistencias a los hallazgos que ahí se refieren”.
Paredes aseguró que los supuestos diálogos que se habrían encontrado en cuatro teléfonos celulares “no corresponden a la forma en que se archivan estos mensajes, ni al lugar donde debiesen estar” ni a ninguna de las formas en que se guardan los mensajes de WhatsApp o Telegram.
Agregó que esto significa que los mensajes considerados como supuestas pruebas en el caso fueron ingresados de forma irregular. Por lo mismo, indicó que el 28 de diciembre se inició una indagatoria penal por los delitos de falsificación de instrumento público y de obstrucción a la investigación.
“Este es un hecho grave. Un derecho humano fundamental es debido proceso y este se sustenta, entre otros pilares, en la legalidad de las actuaciones que se desarrollan”, concluyó.