En su querella contra funcionarios de la Dirección de Inteligencia Policial de Carabineros (Dipolcar), el fiscal jefe de Alta Complejidad de La Araucanía, Luis Arroyo, acusó a los agentes de un “montaje” para perjudicarlo a él y a una de sus abogadas asistentes, porque no accedió a realizar acciones fuera de la ley en la “Operación Huracán”.
La acción judicial presentada en el Juzgado de Garantía de Temuco consigna que el 26 de diciembre pasado, el fiscal Arroyo fue notificado de una investigación de la Dipolcar en contra de su abogada asistente Mónica Palma por el presunto delito de obstrucción a la investigación. La pesquisa incluía al fiscal por un presunto encubrimiento de su parte, debido a una supuesta relación sentimental con la funcionaria.
La querella, revelada ayer en la tarde, agrega que la investigación tiene origen en el oficio N°202 del 11 de diciembre de 2017 que la Dirección Nacional de Inteligencia, Drogas e Investigación Criminal de Carabineros, comandada por el general inspector Gonzalo Blu, le remitió al fiscal nacional Jorge Abbott.
En ese documento, se informa a Abbott que, tras invocar la Ley de Inteligencia, se obtuvo mensajes de la abogada que habría entregado a un tercero el 16 de septiembre de 2017, información que llegó a manos de miembros de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), violando el secreto de información de la Fiscalía de Alta Complejidad de la Araucanía.
La querella también menciona que, hace dos semanas, un medio nacional publicó la denuncia que hizo Carabineros al Ministerio Público, y que incluía a un supuesto funcionario de la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI), situación que el fiscal Arroyo pide sea investigada, pues asegura que quienes filtraron esa información lo hicieron con el ánimo de perjudicar su carrera.
Arroyo afirma que todo se trata de un montaje de pruebas por parte de policías de Inteligencia, luego de que él no accediera a herramientas fuera de la ley para obtener éxitos en investigaciones de la zona sobre violencia rural como los policías le habrían sugerido.
Asimismo, enfatiza que se busca “crear un daño irreparable a mi imagen, credibilidad y seriedad profesional, dado el cargo que ostento, al igual a la institución que pertenezco, quizás con la intención de hacerme a un lado a las investigaciones que dirijo, y a la vez, justificar el fracaso en sus operaciones investigativas”.
Además, asevera que no está dispuesto a realizar “cualquier diligencia investigativa o medida intrusiva sin cuestionar las formas ni medios a través de las cuales se obtiene la información en que éstas se fundan”.
Agrega que ese estándar “es aún más patente en el ámbito de los delitos de violencia rural a mi cargo, siendo aún mayores las diligencias del día a día que se imponen en la dirección de investigaciones penales (…) en la búsqueda de un trabajo investigativo de calidad, no he estado dispuesto a aceptar errores y omisiones en el trabajo investigativo y exijo apego irrestricto a las normas y garantías legales y constitucionales en cada diligencia”.
En cuanto a la supuesta relación sentimental con la abogado y la consiguiente protección de su parte, la querella señala que “para sustentar dicha imputación injuriosa, se agrega en el oficio N°202, la aparente transcripción de supuestas conversaciones vía mensajería Whatsapp entre la abogada Palma Martínez y el suscrito, que habrían tenido lugar los días 20 de octubre de 2017, 08, 18, 21 y 23 de noviembre de 2017”.
Según el fiscal, dichas comunicaciones son falsas, a pesar de que Carabineros afirma que las habría obtenido con orden judicial de la Corte de Apelaciones de Temuco invocando la Ley de Inteligencia, tal como se supone que interceptaron comunicaciones de Héctor Llaitul, líder de la CAM, y los otros siete detenidos en “Operación Huracán” que fueron liberados por la Corte Suprema.
“Los hechos relatados endicho Oficio 202 de la Dipolcar son absolutamente falsos, jamás ocurrieron, ni nada similar a lo que allí se relata; es decir, él o los autores materiales e intelectuales del contenido de dicho oficio mienten en todo lo que allí se consigna”, recalca el fiscal Arroyo en su querella.
También acusa que Carabineros inventó encuentros entre él y la funcionaria dentro y fuera de la fiscalía, uno de ellos el 20 de octubre cuando fue el aniversario de la Fiscalía Regional en que estuvo –según dice- con otras 200 personas que pueden dar fe de dónde estuvo, que también los sitúan el 8 de noviembre de 2017 y asegura que ese día “me retiré más temprano (de la Fiscalía) ya que es el día de cumpleaños de mi hija menor, razón por la cual permanecí en una reunión familiar durante la tarde y la noche de aquel día”.
“Pero lo más burdo e irrisorio, y que demuestra la ineptitud máxima de parte de quien o quienes inventan esta absurda historia, es que en las últimas tres ocasiones en que supuestamente me reuní con la abogada yo me encontraba fuera de Chile”, advierte el fiscal, para concluir que todo esto “viene a corroborar aún más la falsedad de la información contenida en el oficio N°202 de la Dipolcar”.
Finalmente, el fiscal Arroyo dice que en el informe Dipolcar saca fotos suyas que están disponibles en la web, pero también extrajeron familiares desde la cuenta Facebook de su esposa.