La PDI allanó esta mañana los cuarteles de la Unidad de Inteligencia Operativa Especial de Carabineros (UIOE) y del Labocar en Temuco, en el marco de las denuncias de montaje que se conocieron ayer en la capital de La Araucanía por parte de los fiscales Luis Arroyo y Cristian Paredes.
Los allanamientos se realizaron en dependencias de la UIOE de calle Pablo Neruda y del cuartel Labocar, ubicado en el sector de Pedro de Valdivia, y estuvieron encabezados por el fiscal adjunto de Temuco, Roberto Garrido. Hasta las unidades allanadas concurrieron el jefe de Operaciones de Carabineros en La Araucanía, coronel Juan Pablo Boetto Ávalos, y el teniente coronel Jorge Montre.
Los delitos investigados son falsificación de instrumento público, denuncia calumniosa, obstrucción a la investigación, violación de reserva e infracción a la Ley de Inteligencia. Un contraperitaje ordenado por la fiscalía detectó que las conversaciones por WhatsApp entre los detenidos en la “Operación Huracán” habrían sido instaladas en los teléfonos celulares.
El escándalo reventó ayer en Temuco, tras conocerse una querella presentada a título personal por el fiscal jefe de Alta Complejidad de La Araucanía, Luis Arroyo, contra funcionarios de la Dirección de Inteligencia Policial de Carabineros (Dipolcar) que intentaron –según denunció- involucrarlo a él y una abogada asesora, Mónica Palma, en la supuesta filtración de antecedentes de la “Operación Huracán” a Héctor Llaitul, vocero de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM).
Después de revelarse la querella, el fiscal regional de La Araucanía, Cristian Paredes, comunicó la decisión de no perseverar en investigación por asociación ilícita terrorista e incendio en carácter de terrorista en la llamada policialmente “Operación Huracán”.
Paredes aseguró que los supuestos diálogos que se habrían encontrado en cuatro teléfonos celulares “no corresponden a la forma en que se archivan estos mensajes, ni al lugar donde debiesen estar” ni a ninguna de las formas en que se guardan los mensajes de WhatsApp o Telegram.
Agregó que esto significa que los mensajes considerados como supuestas pruebas en el caso fueron ingresados de forma irregular. Por lo mismo, indicó que el 28 de diciembre se inició una indagatoria penal por los delitos de falsificación de instrumento público y de obstrucción a la investigación.