El general subdirector de Carabineros, Julio Pineda, se encuentra en la Prefectura de Cautín de Temuco para encabezar los interrogatorios a los efectivos involucrados en la presunta adulteración de evidencias en el marco de la “Operación Huracán”.
Ayer en la tarde, Pineda tomó declaraciones al personal del Laboratorio de Criminalística de Carabineros (Labocar) de Temuco, en cuartel que se ubica en el sector Pedro de Valdivia, y hoy lo hará con los efectivos de la la Unidad de Inteligencia Operativa Especial (UIOE).
Por instrucciones del Ministerio del Interior, Pineda asumió el jueves pasado la investigación interna y el sábado realizó el primer viaje a Temuco. Serían nueve los funcionarios policiales de ambas unidades involucrados en los hechos, más un asesor civil.
Según trascendidos, de los 9 carabineros imputados, 5 pertenecen al Labocar, unidad que realizó los peritajes a los celulares de los 8 detenidos en la “Operación Huracán”, y 4 a la UIOE que estuvo a cargo de las capturas de Héctor Llaitul y los otros 7 sospechosos.
A los 9 uniformados se agrega un civil. Se trata de un ingeniero y asesor informático de Carabineros, con domicilio en Temuco, que habría proporcionado el software para obtener los polémicos mensajes de WhatsApp en que se basa toda la “Operación Huracán”.
En paralelo al sumario interno de Carabineros, la fiscalía regional ya ordenó peritajes a los computadores y otros dispositivos incautados a la UIOE. Estos análisis están a cargo de la PDI y, según se informó, tienen prioridad para devolver los equipos lo antes posible.
El conflicto entre Carabineros y el Ministerio Público reventó el jueves 25 de enero pasado en Temuco, tras conocerse una querella presentada a título personal por el fiscal jefe de Alta Complejidad de La Araucanía, Luis Arroyo, contra funcionarios de la Dirección de Inteligencia Policial de Carabineros (Dipolcar) que intentaron –según denunció- involucrarlo a él y una abogada asesora en la supuesta filtración de antecedentes de la “Operación Huracán” a Héctor Llaitul.
Después de revelarse la querella, el fiscal regional de La Araucanía, Cristian Paredes, informó que el 28 de diciembre se había iniciado una indagatoria penal por los delitos de falsificación de instrumento público y de obstrucción a la investigación en el marco de la “Operación Huracán”. Junto con esto, comunicó la decisión de no perseverar en la investigación de esta causa.