Un nuevo cuestionamiento a Carabineros, por el traspaso de más de $23.000 millones desde la Mutualidad de la institución, se conoció este viernes en medio de las polémicas por el megafraude al interior de policía uniformada y la “Operación Huracán”.
Según publica hoy La Tercera, se trata de una serie de irregularidades en la Dirección de Bienestar (Dibicar) de Carabineros, en relación a los dineros que debiera recibir como excedentes de la Mutucar , operación que es cuestionada por la Contraloría General de la República en el Informe Final de Investigación Especial N° 540.
El documento, de fecha 6 de febrero de 2018, fue enviado al fiscal nacional, Jorge Abbott, y al ministro del Interior, Mario Fernández. Además, el fiscal Eugenio Campos, quien investiga el fraude en Carabineros por $ 26.700 millones, también recibió los antecedentes la semana pasada y ya comenzó con las pesquisas.
De acuerdo al documento, entre 2005 y 2016 “a la Dirección de Bienestar le correspondió recibir excedentes de la Mutualidad de Carabineros por un total de $ 23.574.074.551, monto que debió formar parte de su patrimonio de afectación fiscal”. Sin embargo, señala el informe, “tal cifra no ingresó en sus arcas, pues con ellos compensó deudas adquiridas con dicha aseguradora”.
De esta forma, añade La Tercera, el órgano contralor se preguntó en su investigación: “¿Procede que la Dirección de Bienestar compense las deudas que tiene con la Mutucar con los recursos que debe recibir de esa Mutualidad?”. Luego de las averiguaciones realizadas, la Contraloría concluyó que el “mecanismo resulta improcedente”, por lo que la entidad tendrá que adoptar medidas para evitar la existencia de “operaciones compensadas”.
La Mutucar, destaca el diario, es una corporación de seguros y de sistema de previsión para el personal activo de Carabineros, la Policía de Investigaciones y sus familias. Es administrada por un consejo de nueve integrantes, de los cuales tres lo son por derecho propio, entre ellos, el general director de Carabineros (Bruno Villalobos), quien lo preside; el director de Bienestar de Carabineros, general Manuel Letelier, que se desempeña como vicepresidente, y el director general de la PDI (Héctor Espinosa).
El estatuto de la Mutucar consigna que el 40% de los excedentes es para ayudar a los servicios de bienestar social de Carabineros, PDI y organizaciones de personal en retiro, y el 2% restante para el Departamento de Bienestar de los trabajadores de la mutualidad, y no se hace mención a que estos “excedentes” sean repartidos entre los miembros del consejo administrativo.
El informe de Contraloría detalla que la Dirección de Bienestar no contabilizó los ingresos que generó como excedentes por más de $23 mil millones y tampoco las deudas que adquirió con la mutualidad. Esas morosidades se originaron por convenios suscritos con la aseguradora por un monto de más de $16 mil millones para financiamiento inmobiliario, obras de reparación y compra de inmuebles.
De esta forma, a través del oficio N°310 del 13 de septiembre de 2017, Carabineros informó al órgano contralor que aunque tales operaciones no se ingresaron a la contabilidad de la Dirección de Bienestar, existen los respaldos de estos bienes inmuebles construidos y adquiridos con los recursos en cuestión.
Pese a lo argumentado por la policía uniformada, el ente fiscalizador señaló que “lo descrito da cuenta de que la contabilidad de la Dibicar no revela la estructura financiera real de su patrimonio, lo que, sumado sobre la falta de registro íntegro de los inmuebles de la entidad, afecta la razonabilidad, oportunidad e integridad de la información contable”.
Además, detectaron que tampoco se contabilizó la totalidad de los bienes raíces de la Dibicar, puesto que según sus estados financieros asciende a $57 mil millones, en circunstancias que “según un registro extracontable individualiza 1.277 propiedades, que al 31 de agosto de 2017 conformaban sus inmuebles de afectación fiscal, que tiene un avalúo fiscal de $124 mil millones”.
Por ello, la Contraloría ordenó a Bienestar de Carabineros registrar en su contabilidad la deuda que mantiene con la Mutualidad, lo que tendrá que ser acreditado en un plazo de 30 días hábiles desde el 6 de febrero de 2018. Asimismo, requirió que contabilice todas las operaciones financieras y económicas, “con el objeto de que su información contable sea íntegra y fidedigna”.
Además, el ente fiscalizador concluyó que “la institución deberá implementar un control de sus operaciones de endeudamiento, con el objeto de tener la certeza de la cuantía de sus compromisos financieros adquiridos con la mutualidad”.
Otro de los cuestionamientos que realizó la Contraloría en su investigación fue: “¿Corresponde que personal de servicio activo de Carabineros, que desempeña funciones en la Dibicar, en esa calidad y en razón del cargo que ocupa, integre el directorio de la Mutualidad de Carabineros?”.
Al respecto, el ente fiscalizador concluyó que “no procede que altas autoridades de Carabineros y de la Policía de Investigaciones integren el Consejo de Administración de esa mutualidad, por cuanto la labor que les corresponde realizar como consejeros no se concilia con su posición institucional”.
En ese sentido, se señala que “lo anterior cobra relevancia si se considera que sus esferas de influencia, generadas en virtud del régimen jerárquico que rige en esas instituciones policiales, se proyectan en esa entidad privada, y a la inversa, lo que se traduce en un factor objetivo de un potencial conflicto de intereses”.
Por su parte, Carabineros respondió a La Tercera y descartó cualquier ilegalidad en el proceso de traspaso de dineros. “En lo referente a la administración y uso de los fondos provenientes de los excedentes de la Mutualidad, la Dirección de Bienestar remitió en los descargos a la Contraloría una carpeta completa con títulos de dominio, los que acreditan que Bienestar adquirió con dichos fondos para su patrimonio de afectación fiscal diferentes inmuebles”, señaló un comunicado de la institución.
Agregó que “respecto de la expresión ‘improcedente’ que utiliza la Contraloría, ella se encuentra exclusivamente circunscrita a la observación asociada a las atribuciones que tiene el director de Bienestar respecto de las operaciones con la Mutualidad de Carabineros. Lo anterior se explica en cuanto a que si bien la Mutualidad es ‘acreedora’ de un monto respecto de Bienestar a título de excedentes, al cabo del año financiero pasa a ser también ‘deudora’ para la entrega del resultado anual de dichos montos”.
Carabineros explicó que “tal como lo reconoce” la Contraloría, Bienestar informó que a partir de este año se recibirá el monto que le corresponde a sus excedentes por parte de la Mutualidad, y posteriormente, se le pagará a la aseguradora la deuda, “en dos actos separados, sin que opere la compensación”.