La Presidenta Michelle Bachelet firmó hoy en La Moneda el proyecto de ley que crea Nuevo Crédito Estatal de Educación Superior, que reemplaza al Crédito con Aval del Estado (CAE).
“Es necesario hacer un ajuste a una pieza que es muy relevante en la institucionalidad de la educación superior en su conjunto. Porque mientras siga avanzando gradualmente el proceso de expansión de la gratuidad, como país tenemos que ofrecer una solución complementaria a nuestros jóvenes y sus familias para el financiamiento de los estudios”, afirmó la jefa de Estado al inicio de sus palabras.
“Los actores políticos tenemos el deber de responder a una demanda muy legítima: dar vuelta la página de un modelo que ya no es aceptable. Hoy el Crédito con Aval del Estado no es una alternativa para nadie; por el contrario, se ha convertido en causa de desilusión y angustia”, agregó.
El nuevo crédito estará disponible tanto para centros de formación técnica, institutos profesionales y universidades que deberán tener acreditación avanzada (4 ó 5 años) o de excelencia (6 ó 7 años). En transición podrán adscribir instituciones con 2 o más años de acreditación, hasta que se sometan al proceso con el nuevo sistema.
El proyecto establece que el préstamo se otorgará por el arancel efectivo que cobra la institución. El Fisco paga y cubre sólo hasta el arancel regulado en los términos de la Ley de Educación Superior o la proporción en caso que el estudiante solicite menos, y la diferencia la cubre la institución, pudiendo cobrar su parte sólo después de que el Fisco haya recuperado lo propio.
Es decir, el estudiante puede cubrir con crédito el total del arancel, pero la institución es responsable por los aranceles por sobre el regulado, asumiendo un riesgo de crédito por dicha proporción. Si transcurridos los 10 años de pago del crédito, el estudiante no ha alcanzado a pagar la deuda con la institución, dicha deuda se extingue.
“Proponemos un nuevo trato, basado sobre un principio esencial: el Estado tiene que hacerse cargo de su responsabilidad de garantizar a todos herramientas eficaces y justas para que el acceso a la educación pueda ser ejercido como derecho. Se pone fin a la participación de la banca. En el Chile de hoy ya no hay espacio para una visión mercantilizada de la educación”, explicó la mandataria.
En cuanto al período de pago, el proyecto establece la obligación de pago del total del crédito (parte fiscal y de la institución) es por 10 años. Si al cabo de 10 años el saldo insoluto es igual o mayor a 25 UTM se extiende por 5 años adicionales, exclusivamente respecto de la parte del crédito que es responsabilidad del fisco.
Y al finalizar sus palabras, la máxima autoridad del país reiteró su compromiso con la educación.
“En definitiva, queremos dejar en manos del nuevo Congreso una propuesta pensada para que lo que Chile pueda ofrecer a sus estudiantes, sea la mejor alternativa. Queremos que, juntos, podamos poner una nueva pieza en esta gran construcción que es una educación inclusiva y de calidad para todos”, concluyó.