Pablo Rojas Madariaga/Aton Chile
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El senador Guido Girardi, autor de la Ley de Tenencia Responsable de Mascotas, también conocida como “Ley Cholito”, junto a Patricia Cocas, presidenta de la ONG ProAnimal y representantes de organizaciones animalistas pidieron al futuro gobierno de Sebastián Piñera entregar recursos a los municipios para facilitar la implementación de la normativa.

“La Ley de tenencia responsable de mascotas es una de las más avanzadas del planeta en esta materia porque les da dignidad al animal, porque les otorga una identidad que queda en un registro nacional que obliga a quien quiera tener una animal a hacerse responsable de él o asumir las sanciones”, sostuvo Girardi.

Sin embargo, a juicio del parlamentario, “el equipo técnico a cargo de implementar la ley no estuvo a la altura, hubo que reformular el reglamento porque era vergonzoso, pero el mayor problema es que no cuenta con los recursos necesarios y no queremos que esta ley sea una bengala que sólo pueda ser útil para quienes pueden pagar”.

Cocas agregó que el registro actual que lleva la Subsecretaría de Desarrollo Regional (Subdere) pide, “la validación de un veterinario de todos los antecedentes del animal: nombre, raza, peso, edad lo que estimamos innecesario. Además muchos no tienen para pagar los servicios de un profesional y tampoco para comprar el microchip”. 

Por su parte, el senador PPD recordó que la iniciativa legal se comenzó a elaborar “en el primer gobierno de Piñera y contó con un fuerte respaldo del entonces ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter. Por ello pediremos al gobierno que asume mañana que destine los recursos necesarios pues en las comunas pobres los perros abandonados son el principal problema sanitario”. 

Girardi aclaró que “queremos que esos recursos adicionales se entreguen a los municipios o a organizaciones de la sociedad civil acreditadas que estén en condiciones de realizar la prestación de manera gratuita para todos los que no puedan pagar”. 

El congresista finalizó su petición señalando que se le solicitará al gobierno “modificar el reglamento para que esté a la altura de la ley junto con entregar los recursos necesarios para la instalación de microchips, viabilizar los registros y realizar las esterilizaciones”. 

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