La organización de conservación marina Oceana respaldó hoy las declaraciones de la ministra del Medioambiente, Marcela Cubillos, quien anunció que el gobierno no entrará al proceso de conciliación de Dominga propuesto por el Primer Tribunal Ambiental de Antofagasta.
“Desde un principio señalamos que un proceso conciliatorio efectuado a puertas cerradas y sobre un proyecto que ya había sido rechazado, era improcedente”, señaló la Directora Ejecutiva de Oceana, Liesbeth van der Meer, quien aseguró que “no es posible el desarrollo de un proyecto que no ha cumplido con los requisitos mínimos exigidos por la ley para su aprobación, y que además atenta contra un ecosistema como el de La Higuera”.
De esta forma, la organización respondió a la declaración pública entregada por el Ministerio del Medioambiente, donde se explicó que Andes Iron, titular de Dominga, alegó la ilegalidad de un acto administrativo. “Creemos necesario un fallo sobre la materia sometida a su decisión y no una conciliación entre las partes que puede, en definitiva, terminar agregando más incertidumbre al proceso”, señala el alegato, agregando que “se solicita al tribunal dar curso al procedimiento y dictar la correspondiente sentencia”, la cual debería conocerse dentro de un plazo de 30 días.
En horas de esta mañana, por otra parte, el Tribunal Ambiental había dado a conocer las reglas sobre el proceso conciliatorio, abriendo una nueva polémica. En el documento se establece que sólo el Servicio de Evaluación Ambiental y Andes Iron serán parte de las negociaciones por una conciliación, excluyéndose a los abogados que representan a las organizaciones ambientales, a los pescadores y a los habitantes de la zona que se verá afectada.
“Nos preocupa la tendencia mostrada en el Tribunal, que busca mejorar un proyecto rechazado en dos instancias previas, especialmente considerando que este mismo Tribunal será el que dicté la sentencia” dijo van der Meer, agregando que “la empresa tuvo 4 años para evaluar el proyecto y en todo ese tiempo no fue capaz de alcanzar los requisitos básicos ordenados por la ley y que permiten la protección del medio ambiente”, finalizó.
Sin el Servicio de Evaluación Ambiental en el proceso conciliatorio, se espera que dentro de un plazo de 30 días el Tribunal Ambiental de Antofagasta dicte una sentencia, la cual, plantea Oceana, debería “ajustarse a los antecedentes técnicos y jurídicos ya expuestos, y que han demostrado que Dominga no cumplió con los requisitos exigidos por la ley para su aprobación y la adecuada protección ambiental de la zona”.