El Presidente de la República, Sebastián Piñera, firmó esta tarde una indicación con la que el Ejecutivo pretende modificar la actual Ley Terrorista. El anuncio lo efectuó en el marco de su primera visita a La Araucanía, en la actual administración, instancia en la que participó del Consejo de Seguridad de la Macro Zona, en conjunto con diversas autoridades, además de la “Asociación de víctimas de violencia rural”.
En este marco, recalcó que la seguridad de la sociedad “es la primera responsabilidad del Estado”, por lo que se realizarán esfuerzos “para mejorar la colaboración entre las distintas instituciones que tiene por responsabilidad combatir la delincuencia. Policías, fiscales, jueces gendarmería, municipios y comunidad organizada”.
Además, planteó que modernizarán las policías y los sistemas de inteligencia, dotándolos de un mejoramiento tecnológico que permitirá el uso de drones de vigilancia, aviones no tripulados, cámaras en los camiones, chips y gps, botones de pánico, entre otros, aspectos que pondrán a Chile “en la vanguardia en materia de instrumentos legales para combatir el terrorismo”, como indicó.
Posteriormente, se refirió a la reformulación de la Ley Antiterrorista, mediante una iniciativa que contempla once nuevos elementos para afrontar el tema, compromiso de campaña del Mandatario.
Entre éstas se mencionan una nueva definición del tipo penal del terrorismo, “que permita evitar problemas de subjetividad”, como señaló el Presidente; la incorporación de técnicas investigativas de “mucho mayor eficacia que las contempladas en la ley de drogas o de lavado de dinero”, como por ejemplo el uso de agentes encubiertos; agentes reveladores, entregas vigiladas, interceptaciones de comunicaciones, entre otros.
Además, se incorpora una sanción a la apología a los actos terroristas cuando estas han sido determinadas por sentencias judiciales ejecutoriadas; también se suma el fortalecimiento de las medidas de protección a la identidad y seguridad de los testigos, en algunos casos las víctimas, los peritos, los cooperadores y sus familias; igualmente se determina que todos los bienes que hayan sido destinados a la comisión de delitos terroristas y que hayan sido decomisados se puedan destinar a un fondo que luche contra terrorismo.
Del mismo modo se estableció la figura del “cooperador eficaz”. Con esto se busca que quien coopere para evitar o identificar a los responsables de delitos terroristas tenga -por ese acto- una atenuante en el proceso judicial; también se añade la restricción a los beneficios de los condenados por Ley Antiterrorista, de modo tal que no se le apliquen penas sustitutivas y que cualquier beneficio se cumpla tras dos tercios de la pena y no la mitad como ocurre actualmente.
La propuesta del Ejecutivo añade que junto a los delitos genocidas y de lesa humanidad, el delito terrorista es de aquellos que se entienden lo suficientemente graves para que puedan ser investigado por fiscal regional; además, se incorpora la figura del terrorismo cibernético que casi no existe en la legislación.
Conjuntamente, establece una norma especial de competencia para que la investigación y juzgamiento de los delitos terroristas más graves se pueda radicar en Juzgados de Garantía y Tribunales Orales de la Corte de Apelaciones de Santiago para asegurar mayor eficacia y “mayor imparcialidad de los jueces”.
El Primer Mandatario concluyó señalando que a diferencia de la iniciativa del gobierno anterior, “la indicación contempla que los delitos terroristas se pueden cometer por grupos organizados o terroristas individuales, porque ellos también pueden cometerlo”.