El Juzgado de Garantía de Rancagua aprobó la suspensión condicional del procedimiento para la arquitecta Cynthia Ross, acusada por cohecho en el caso Caval. De esta manera, la causa se está quedando con sólo dos acusados en su arista principal: Natalia Compagnon y su socio Mauricio Valero.
En la audiencia de hoy, el juez Luis Barría aprobó la suspensión acordada entre la Fiscalía Regional de O’Higgins y el abogado Mario Vargas, defensor de la acusada, por el término de dos año. Durante este plazo, la arquitecta Cynthia Ross se compromete a cumplir cuatro condiciones impuestas por la fiscalía.
Estas condiciones son firma bimensual en la unidad de Carabineros más cercana a su domicilio (Comisaría de Chicureo, comuna de Colina), fijación de domicilio, no ser condenada ni requerida por otros delitos durante la vigencia del acuerdo y la donación de dos millones de pesos al hogar de ancianos San José, de Rancagua.
Sin embargo, en la misma audiencia, los abogados del Consejo de Defensa del Estado (CDE) anunciaron que apelarán a la suspensión condicional del procedimiento otorgada a Ross, por estimar que no se cumplen los requisitos legales para ello, especialmente en lo referido a la pena que, en opinión del CDE, sería superior a los 4 años de presidio.
La arquitecta Cynthia Ross, quien trabajó para la Dirección de Obras de la Municipalidad de Machalí, está acusada de cohecho para hacer gestiones por el cambio de uso de suelo de los terrenos vendidos a Caval. La fiscalía pedía una pena de 4 años de presidio, pero las atenuantes llevarían una eventual sentencia a su rango más bajo, 541 días, por lo que optó por la suspensión condicional, la que fue aprobada por la Fiscalía Nacional.
Tras la aprobación de esta salida alternativa, la audiencia por fin retomó la preparación del juicio oral en la arista principal del caso Caval, que se quedará con solo dos acusados, Compagnon y Valero, si se confirma la suspensión del procedimiento para la arquitecta.
En la arista principal, Natalia Compagnon está acusada de declaraciones maliciosamente incompletas o falsas, usando facturas falsas, y de soborno en la arista Saydex, como representante legal de Caval.
Este último delito habría consistido en el pago de $32 millones al ex director del Servicio de Salud Metropolitano Central, Nibaldo Mora (quien logró la suspensión condicional del proceso), para favorecer a la empresa de informática Saydex en las licitaciones de los hospitales de Maipú, San Borja y ex Posta Central. La pena solicitada para Compagnon es de tres años y 1 día de presidio.
Su socio Mauricio Valero también está acusado de declaraciones maliciosamente incompletas o falsas, usando facturas falsas, y de soborno en la arista Saydex, como representante legal de Caval. En su caso, la fiscalía también pide una pena de 3 años y 1 día de presidio.
Asimismo, la Exportadora y de Gestión Caval Ltda., a través de sus representantes legales Natalia Compagnon y Mauricio Valero, está acusada de soborno en la arista Saydex.
La Fiscalía Regional de O’Higgins pretende presentar 19 peritos, 129 testigos y 1.519 documentos. Entre los testigos destacan el vicepresidente del Banco de Chile, Andrónico Luksic, y Ana Lya Uriarte, jefa de Gabinete de la ex Presidenta Michelle Bachelet.
La arista principal se remonta al 17 de enero de 2015, cuando la sociedad compró en $6.500 millones los terrenos de Machalí que la familia Wiesner puso en venta a través del síndico de quiebras Herman Chadwick. Luego, el 5 de febrero, Caval vendió los terrenos en $9.500 millones y un día después se publicó el reportaje que destapó el caso.
La causa comenzó el 16 de febrero de ese año, cuando los diputados RN Nicolás Monckeberg y José Manuel Edwards (hoy Rojo Edwards) presentaron en fiscalía una denuncia por posible delito de tráfico de influencias y uso de información privilegiada por parte de Sebastián Dávalos, hijo de la ex Presidenta, quien había renunciado el 13 de febrero a la Dirección Sociocultural de La Moneda. Tras la denuncia, el caso comenzó a ser investigado por el fiscal Luis Toledo.
Actualmente, la causa está en manos del fiscal regional de O’Higgins, Emiliano Arias, que el 20 de octubre pasado cerró la investigación y presentó acusación en contra de los imputados, incluyendo a la sociedad Caval como persona jurídica.
Natalia Compagnon acusó a Arias y a su ayudante, el fiscal Sergio Moya, de extorsión para llegar a un acuerdo y evitar el juicio oral. Según denunció, le ofrecieron no formalizar a su esposo Sebastián Dávalos en la arista de la estafa al empresario Gonzalo Vial, a cambio de que ella se declare culpable en un juicio abreviado.