Tres nuevas comisiones especiales investigadoras fueron ratificadas hoy por la Sala de la Cámara de Diputados, las que abordarán materias relacionadas a las mutuales de las Fuerzas Armadas y de Orden; contrataciones de personal en el sistema público; y las motivaciones para impulsar programas gubernamentales en beneficio de la comunidad.
La primera de las instancias, solicitada por 70 legisladores y ratificada sin cuestionamientos, busca recabar antecedentes sobre “actos de los órganos de la Administración del Estado en relación con diversas operaciones realizadas por mutuales y otras instituciones afines o corporaciones privadas vinculadas a las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad Pública, tales como la celebración de actos o contratos, pagos de sobresueldos a funcionarios públicos de las respectivas ramas”.
Asimismo, se espera indagar sobre operaciones financieras y actos jurídicos con otros organismos o empresas relacionadas para la adquisición de bienes o servicios, a partir de hechos denunciados recientemente.
Para el cumplimiento de su propósito, la referida comisión especial deberá rendir su informe en el plazo de 90 días.
La segunda comisión, requerida por 64 diputados y aprobada sin discusión, apunta a reunir antecedentes “respecto de los actos y omisiones del Gobierno en materia de contrataciones de personal en los órganos y servicios públicos, descentralizados o desconcentrados, y en los gobiernos regionales, entre noviembre de 2017 y marzo de 2018”.
Para el cumplimiento de su propósito, el grupo deberá rendir su informe en un plazo no superior a 120 días.
Finalmente, fue ratificada la petición de 64 parlamentarios, luego que se confirmara en Sala el apoyo de los dos quintos de los diputados en ejercicio, para crear una comisión especial investigadora encargada de “recabar antecedentes sobre las motivaciones del Gobierno que condujeron a idear la puesta en marcha de un conjunto de programas gubernamentales en beneficio de la comunidad en diversos ámbitos, entre los años 2014 y 2017, y las razones de carácter administrativo y presupuestario por las que su ejecución habría fracasado”.
La instancia contará con 60 días para realizar sus indagatorias y rendir su informe.