Aunque ya transcurrieron 30 días desde que la Cámara aprobara el oficio de fiscalización enviado al Presidente de la República -para que responda por más de mil despidos en el sector público- aún no recibe respuesta a la demanda impulsada por las bancadas de la oposición.
El oficio fue aprobado el pasado 19 de junio y en él se consulta a Sebastián Piñera por “la situación de más de 1.000 funcionarios y funcionarias a contrata, honorarios y/o sujetos a metas, despedidos en diversos servicios públicos o que se hayan visto forzados a renunciar a sus puestos laborales”.
Al respecto, el jefe de la bancada DC, diputado Matías Walker, junto con manifestar su preocupación por la inexistencia de una respuesta a la Corporación, señaló que “aunque ya estamos en el plazo aún no tenemos respuesta por parte del Presidente. Este es un tema que para nuestra bancada es de especial preocupación y por eso concordamos con todas las bancadas de la oposición este oficio de fiscalización que fue respaldado por la Cámara”.
Agregó que “ayer ingresó a última hora un correo del ministro Blumel explicando que la recopilación de información ha sido engorrosa, debido a la protección de datos personales, pero, obviamente, no se cumplió con los plazos ni con la entrega de la información solicitada a través del oficio aprobado por la Cámara”.
Walker recordó, además, que “esta fue, además, una acción coordinada con la directiva nacional de la Anef (Asociación Nacional de Empleados Fiscales), con quienes estuvimos conversando respecto de la situación de más de 1.000 funcionarios públicos que han sido desvinculados en distintas situaciones. Muchos de ellos están a contrata, beneficiándose, además, por el fallo de la Corte Suprema que les da derecho incluso a renovación de contratos de manera indefinida”.
“Tenemos casos con fuero sindical, con fuero maternal, despidos de padres o madres que tienen hijos con enfermedades graves y trabajadores con funciones técnicas, lo que ha puesto en peligro la continuidad de algunos servicios”, añadió el parlamentario.
En la misma línea, el diputado DC Raúl Soto, integrante de la Comisión de Trabajo afirmó que “es lamentable el actuar de este Gobierno, se han despedido a centenares de funcionarios públicos, muchos de ellos con largas trayectorias en los servicios, funcionarios de carrera que tienen cargos totalmente técnicos y profesionales que no están ligados a causas políticas. Vemos un ensañamiento de parte del ejecutivo con los funcionarios públicos que raya en la ilegalidad o la irregularidad”.
El jefe de la bancada DC agregó, finalmente, que “vamos a seguir fiscalizando cada uno de estos casos, queremos proteger la carrera funcionaria. Nosotros entendemos que hay que distinguir situaciones de jefes de gabinete o funcionarios de confianza política, como lo ha señalado la Contraloría”.
“Sin embargo -finalizó- tenemos que distinguir la situación de trabajadores que cumplen funciones técnicas, que además, al ser desvinculados han puesto en peligro la continuidad de servicios básicos, como es el caso de funcionarios de extranjería en distintas gobernaciones del país”.