El fiscal nacional, Jorge Abbott, resolvió que fuese Emiliano Arias quien continúe con toda la indagatoria a los obispos, incluida la arista a las altas autoridades castrenses, para “evitar duplicidades en las investigaciones”.
Arias estará a cargo de la investigación por encubrimiento de abusos sexuales al interior de la Iglesia que existía con su par metropolitano Sur, Raúl Guzmán, que está a cargo del caso Maristas.
El fiscal nacional además dejó radicado en Rancagua todo lo vinculado a las autoridades castrenses, y los casos de los sacerdotes Pedro Quiroz y Jorge Laplagne.
Según consigna El Mercurio hoy, también dejó radicada en la Fiscalía Regional de O’Higgins el caso del sacerdote Jorge Laplagne, porque ya habían realizado diligencias y está vinculado al encubrimiento por parte de autoridades de la Iglesia.
En esa jurisdicción, además, se interpuso una querella en contra de Laplagne, acusado por un ex acólito de haber abusado de él cuando era un adolescente. En su relato, el denunciante Javier Molina apunta, como supuestos encubridores de los hechos, a Francisco Javier Errázuriz, Óscar Muñoz Toledo y a Raúl Hasbún, pues estima que en 2010 no se tomaron las medidas pertinentes frente a su denuncia.
Arias y su equipo están revisando los correos electrónicos de altas autoridades de la Iglesia. El pasado 10 de septiembre, el fiscal jefe de Rancagua, Sergio Moya, incautó, junto a un equipo del OS-9 de Carabineros, los respaldos de los correos electrónicos de cinco religiosos.
La orden judicial establecía la “entrada y registro e incautación” de los e-mails del dominio “Iglesia.cl” de autoridades católicas: el arzobispo de Santiago, Ricardo Ezzati; el cardenal Francisco Javier Errázuriz, y el obispo auxiliar de Santiago y administrador apostólico de Rancagua, además de secretario del Episcopado, Fernando Ramos.
Arias tomará declaración como imputado a Ezzati, la primera semana de octubre. Mientras que, en la misma calidad, requerirá a dos obispos eméritos: Juan Barros, de Osorno, y a Gonzalo Duarte, de Valparaíso, la segunda y tercera de octubre, respectivamente. La última semana, declarará como imputado el presidente de la Conferencia Episcopal y obispo castrense, Santiago Silva.