Este jueves la Corte de Apelaciones revocó las medidas cautelares establecidas por el Juzgado de Garantía de arresto domiciliario y arraigo nacional.
Luego de su formalización el pasado 7 e noviembre, el empresario acusado de estafa y apropiaciones indebidas, entre otras, tendrá que cumplir con la nueva medida, según el fiscal Felipe Sepúlveda, jefe de alta complejidad, por los riesgos que representa para la sociedad.
“Se consideró por parte del Tribunal que la libertad del imputado era peligrosa para la sociedad dado el número de delitos cometidos, el carácter de los mismos, la circunstancia de ser una cantidad relevante de dinero en perjuicio y la cantidad de víctimas que existían, como también una eventual circunstancia de peligro de fuga”, precisó Sepúlveda.
A Urenda se le acusa de ser el autor ideológico de la entrega de información falsa a la Comisión para el Mercado Financiero (ex SVS) por parte de las empresas del grupo, de haber incumplido mandatos de inversión y de haber estafado a la firma Panor.
Y que operaban como una estafa piramidal: recaudaban dinero de sus clientes y los destinaban para fines distintos a la inversión, entre ellos, para financiar la mantención de la operación del grupo. Y no les habrían devuelto el dinero invertido.
Por todo ello, Sepúlveda estimó un perjuicio cercano a los $8.000 millones para un grupo de 60 víctimas. Y el persecutor advirtió que podría aumentar a más de $10.000 millones por otras querellas que van a agrupar a la investigación.
Además, el tribunal estableció un plazo de seis meses para que la Fiscalía siga investigando.
Durante su exposición, el fiscal Sepúlveda acusó que durante la investigación el hijo del ex senador UDI Beltrán Urenda negó su participación en los hechos.
Y, en su defecto, responsabilizó de los delitos al ejecutivo de Intervalores Sebastián González, pues argumentó que en 2013 le delegó la administración del grupo, ya que él enfrentaba algunos problemas familiares y personales.
Tras ello, argumentó que la versión de Urenda es falsa. Lo anterior, pues, entre otros antecedentes, existen correos que demuestran que enviaba instrucciones a González y otros ejecutivos sobre cómo operar las compañías del holding. Junto con ello, dijo que González es coimputado y es probable que sea formalizado más adelante.
Por su parte, la defensa del empresario insistió en la inocencia de Urenda y reiteró que González es el responsable de los delitos que se le imputan a su representado, y que habría mentido en la declaración que entregó a la Fiscalía.